La norma tiene por objeto establecer el uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la nación, asegurando la integridad de los servicios ecosistémicos que brindan, como así también respetar su valor inherente.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano le dio dictamen de consenso al régimen de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
Al respecto, el titular de la Comisión y uno de los autores de la iniciativa, Leonardo Grosso (FdT), destacó el trabajo de todos los legisladores. “Se presentaron 10 proyectos, realizamos 4 reuniones informativas y decidimos abrir el debate público que tuvo amplio consenso”, recordó. “Es necesario que el esfuerzo de todos los sectores se convierta en una ley. Estamos cumpliendo con un compromiso ante la sociedad civil”, aseguró.
“Es una deuda pendiente de nuestro Congreso. Acompañamos con mucha convicción este proyecto que trata de recoger la experiencia de las organizaciones y aportes de la comunidad científica. Rescatamos el trabajo de las organizaciones”, agregó la vicepresidenta de la Comisión, Brenda Austin(UCR).
Por su parte, el diputado José Luis Ramón(Unidad y Equidad Federal), consideró que la norma “ataca muchos aspectos, resuelve con claridad, permite generar un plan se trabajo que es claro para el censo de los humedales y da herramientas prácticas para que esta ley pueda ser operativa”.
Además, se aprobó un proyecto de control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos; y otros proyectos de declaración y resolución que reconocen la labor ambientalista.
comisión de legislación del trabajo
En paralelo, la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside la diputada Vanesa Siley (FdT), emitió dictamen a la modificación de los artículos 12° y 16° de la Ley 20.589 del estatuto del trabajador contratista de viñas y frutales que tiene media sanción del Senado y propone modificar la situación de los y las contratistas de viña que perciben 10 salarios por año y que no cuentan con obra social.
Por otra parte, se aprobó la modificación del artículo 2° de la Ley 23.789 para extender la gratuidad del telegrama y carta documento a derechohabientes de trabajadores y trabajadoras que deban comunicar situaciones al empleador, como en caso de fallecimiento para reclamar por sus derechos y por último, realizaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre inspecciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.