Algo en Común El diario de Rosario
En medio del avance del “Plan Motosierra” y con casi 60.000 despidos acumulados durante la gestión Milei, más de 70.000 trabajadores estatales afrontan el vencimiento de sus contratos a fin de año sin garantías de continuidad. ATE declaró el estado de alerta, adelantó el paro nacional al 9 de diciembre y advirtió que diciembre estará marcado por protestas sorpresivas.
Mientras el Gobierno libertario proyecta un nuevo ajuste en la administración pública nacional, la incertidumbre estalló entre los trabajadores estatales: más de 70.000 contratos vencen el 31 de diciembre y no existe, hasta el momento, ninguna señal oficial de renovación.
En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), conducida por Rodolfo Aguiar, encendió todas las alarmas. El gremio denunció que la administración Milei ya ejecutó 58.797 despidos desde diciembre pasado —según datos del propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y que el Ejecutivo avanza con una nueva poda del 10% de la planta.
A la par, fuentes del entorno de Federico Sturzenegger reconocen que “la motosierra es constante”, mientras coordinan con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una nueva tanda de recortes en organismos centralizados, descentralizados, empresas del Estado, fuerzas de seguridad y personal militar.
Por eso, ATE decidió adelantar el paro nacional al 9 de diciembre, originalmente previsto para cuando el Congreso comenzara a debatir la reforma laboral del Ejecutivo. La medida incluirá movilizaciones en todo el país y se complementará con acciones sorpresivas durante todo el mes, definidas por unanimidad en el Consejo Federal del gremio.
Asimismo, desde la conducción sindical apuntaron contra la ofensiva del Gobierno en organismos descentralizados como AFIP, ARCA, ANMAT, Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM, donde ya se ejecutaron nuevas bajas de personal.
En paralelo, otra parte del ajuste podría provenir de la eliminación de los registros de automotores y del avance de los proyectos de privatización que el Ejecutivo mantiene en carpeta.
Por último, Aguiar cuestionó con dureza al Consejo de Mayo, al sostener que se convirtió en “una encerrona para el sindicalismo” y que el Gobierno lo utiliza para “dilatar los tiempos”, sin presentar una sola propuesta concreta. Para ATE, la falta de respuestas evidencia “el fracaso total del diálogo institucional”.
De este modo, diciembre se perfila como un mes de alta tensión entre sindicatos y Gobierno, con miles de familias estatales a la espera de definiciones que aún no llegan.
