Por Jorge Bertolino – Economista
En las últimas semanas varias notas periodísticas destacan «el regreso del FMI como un consultor privilegiado a la economía argentina». Según las mismas fuentes «la afinidad ideológica con el equipo económico le permite influir sobre la política económica, aun cuando las opiniones que emite no son vinculantes».
El FMI es un organismo burocrático inútil en la fase actual de la economía mundial, en la que la regla es la superabundancia de capitales y su bajo costo, como consecuencia de la inundación mundial de liquidez que provocó la Reserva Federal de los EEUU luego de la crisis de las hipotecas subprime.
En las décadas del 80 y del 90, este organismo se ganó su merecida mala fama entre los habitantes de los países endeudados, como consecuencia de su actuación en la recomendación de políticas que privilegiaran la generación de divisas en cantidad suficiente como para que pudieran honrar sus compromisos de deuda contraídos con el sistema financiero internacional.
La reversión de los flujos internacionales de capital a favor de los países endeudados y el incremento de los precios de las materias primas que exportan Argentina y el resto de los países de América Latina, ha tornado inútil e innecesaria la existencia misma del organismo.
No obstante, se estima que nuestro país podría obtener financiamiento del Fondo y organismos afines por unos 30.000 millones de dólares a una tasa del 2-3 % anual, que es significativamente más baja que el 7-8 % que debe pagar cuando accede a nuevo financiamiento en las ventanillas habituales que maneja el Ministro Caputo.
Las notas periodísticas mencionadas al inicio de la presente nota, dan cuenta de que el costo político de aparecer vinculado al desprestigiado organismo internacional ya está pagado. Es hora de abandonar la hipocresía y la corrección política y recomendar el regreso al financiamiento del Fondo.
Debe plantearse tomar este financiamiento para disminuir drásticamente la presión impositiva que afecta los costos empresariales. Es necesario eliminar o reducir todos los gravámenes nacionales, provinciales y municipales que pesan sobre los combustibles, la electricidad, el gas y el resto de los servicios públicos. También deben eliminarse todos los impuestos que gravan al empleo y disminuirse el impuesto a las ganancias de las empresas al 25 %.
Es necesario estimar y presentar prolijamente los números fiscales y monetarios de los próximos años, para los cuales el gobierno cuenta con excelentes especialistas, de manera que el organismo no tenga reparos en aceptar la propuesta sin exigir otra condicionalidad que el cumplimiento de las metas así presentadas.
De esta manera, no habrá lugar para críticas lapidarias de la oposición política a la supuesta sujeción a los dictados del Fondo. Más bien se tratará de un plan soberano de un país miembro que busca destrabar su economía de los lazos paralizantes de su excesiva presión tributaria.
No es lo mismo endeudarse para bajar costos y crecer más aceleradamente que hacerlo para financiar gasto corriente, como se hace en la actualidad. La disminución de costos así generada introducirá presiones deflacionarias, que aliviará el trabajo del BCRA y permitirá una genuina disminución de las tasas de interés, generando una nueva ronda de estímulo a la inversión productiva.