Este jueves 25 se aprobó en el reciento de sesiones del Concejo Municipal de Rosario el expediente que solicita un informe de impacto ambiental sobre las actividades que realiza la Terminal Puerto Rosario.
«Este pedido de informe es a raíz de que la TPR nunca obtuvo el Certificado de Aptitud Ambiental obligatorio exigido por la Ley 25.675 art. 11 y la Ley Provincial 11.717. Además, faltan obras de contención y se encontraron residuos de petcoke, circunstancia que genera una enorme dispersión de polvo proveniente de dicho material, que los camiones luego arrastran y esparcen por las calles de nuestra ciudad poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud pública», sostuvo la concejala Luz Olazagoitia.
En el mismo tono, en la cámara de diputados de la provincia, el Diputado Carlos del Frade presentó un proyecto de preocupación y de beneplácito por la actuación del juez Bailaque.
«Hay una doble vara en Rosario. Mientras a estas empresas le permiten toda la ilegalidad, a otras que son PyMES o comercios no les brindan un beneficio dentro de la ley para que sigan con sus puertas abiertas. El ejemplo más claro es que la TPR debe el DREI desde 2014. Son más de 40 millones de pesos y amenaza con no pagarlos», remarcó la concejala.
El proyecto fue aprobado y está en manos del ejecutivo municipal para su aplicación.