Algo en Común El diario de Rosario
Así lo resumió el diputado provincial y ex Intendente de la ciudad de Rosario, Héctor Cavallero para expresar su más enérgica disconformidad con la decisión adoptada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, de solicitar asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional.
Peor el remedio que la enfermedad
Para el legislador del Partido Progreso Social (PPS), esta medida conllevará como contrapartida, inexorablemente y como ha ocurrido toda vez que se acudió a dicho organismo internacional, la imposición de un plan de ajuste que afectará severamente la calidad de vida de los argentinos. Además, el FMI ya anunció que no solamente auditará al Estado Nacional, sino también a los estados provinciales y principales municipalidades, ya que ha considerado un error que hayan contraído deuda. Al aceptar los condicionamientos del FMI para acceder a su ayuda, se estará renunciando a la potestad soberana del Gobierno Nacional de elegir e implementar las políticas públicas que determinan el rumbo económico del país.
Es sabido que el Fondo Monetario Internacional, siempre que brinda asistencia a un país, lo hace con la condición de que éste adopte un plan de ajuste diseñado por el organismo, sin embargo, muchas veces estas medidas empeoran la situación del estado solicitante.
No es un FMI distinto, es el mismo de siempre
Nuestro país ingresó al Fondo Monetario Internacional en el año 1956, durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, en la Revolución “Libertadora” a través de un pedido de asistencia financiera. De allí en adelante, toda vez que nuestro país recurrió a la asistencia financiera de este organismo, las consecuencias fueron nefastas para la economía nacional, y particularmente para la población de menores ingresos.
Ya esta situación se evidenció en 1958, cuando durante la presidencia de Arturo Frondizi solicitó la asistencia financiera del Fondo para intentar equilibrar la balanza de pagos y sentar las bases de su plan de desarrollo. El por entonces ministro de economía Álvaro Alsogaray, se encargó de recortar el gasto público, poner fin a las restricciones a las importaciones, eliminar los controles de precios, congelar los salarios y liberar el dólar para cumplir los requisitos exigidos por el Fondo. Como consecuencia de estas medidas, en 1959 el salario real cayó 23 por ciento y la participación de los trabajadores en el ingresó se redujo del 44,4 al 37,7 por ciento.
Asimismo, durante la dictadura Militar de 1976 se firmó un acuerdo con el FMI, para recomponer reservas y sostener el plan económico. Esto conllevó congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. Sin embargo, la deuda externa se multiplicó por seis en seis años, al pasar de u$s 7.000 millones en 1976 a u$s 42.000 millones en 1982.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina acudió nuevamente al Fondo al implementar el “Plan Austral”, para lo cual éste le exigió apertura comercial y ajuste fiscal.
No podemos olvidarnos de que en los ´90, durante el plan de convertibilidad, y la adhesión al Plan Brady, el FMI estuvo presente, disponiéndose como requisito para acceder a sus “beneficios” nada menos que la privatización del sistema de seguridad social (creación de las AFJP) entre otros. A fines de 1995 se estima que la deuda del Estado ascendía a u$s 87.091 millones y para cuando el por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, ya era de u$s 90.472 millones.
El 2001: FMI, blindaje, megacanje y cinco presidentes en once días
Durante la presidencia de Fernando De la Rúa, prácticamente todas las decisiones económicas eran consultadas al Fondo, que nuevamente habilitó millonarios créditos para paliar el desajuste: el blindaje y el megacanje. Este apoyo del FMI al plan de convertibilidad, que dio lugar al «Blindaje» de enero de 2001, prolongó la convertibilidad hasta enero de 2002 y derivó en la mayor crisis económica de nuestra historia, con el “corralito”, 27 muertos y más de 100 heridos como consecuencia de las manifestaciones sociales, y el triste récord de cinco presidentes en once días.
Cuando Argentina le dijo chau al FMI
El 15 de diciembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner anunció la cancelación total de la deuda con el FMI para poner fin a los condicionamientos impuestos por el organismo y recuperar la soberanía en la toma de decisiones sobre la economía del país. Le pagó u$s 9.500 millones al contado y desde ese momento el país no tuvo más ningún préstamo. Tampoco se les permitió a los técnicos del fondo revisar las cuentas del país.
Seguimos con mucha preocupación las negociaciones con el FMI
Pasados más de diez años en los que la economía argentina y, sobre todo, el poder adquisitivo de los sectores antes más vulnerables, mejoró ostensiblemente sin la “ayuda” del Fondo, el presidente Mauricio Macri anunció que el país volvería a aceptar las misiones de los «técnicos» del organismo.
A fines de 2016, esa evaluación incluyó, entre otras recomendaciones, el cambio a la baja en el índice de movilidad jubilatoria, que el Gobierno aplicó el año pasado. En marzo de 2018, un director Gerente del FMI volvió a visitar la Casa Rosada para entrevistarse con el presidente.
Ahora, vemos con profunda preocupación, que el presidente de la Nación anuncia que acudirá al Fondo Monetario Internacional, para solicitar un préstamo “flexible” por la suma de treinta mil millones de dólares. Lamentablemente es una historia que ya conocemos en carne propia. Ya sabemos que cada vez que Argentina acude al FMI, aumenta la pobreza, la desocupación, en definitiva, el sufrimiento de millones de argentinos.
Sabemos que, como legisladores provinciales, debemos intervenir siempre que el Estado nacional pretenda intervenir en las finanzas de la provincia y sus municipios y comunas, lo cual ocurrirá indefectiblemente si se concreta el acuerdo con el FMI. Entonces es nuestro deber alzar nuestra voz en defensa de los ciudadanos a los que representamos, para expresar nuestra más profunda disconformidad con esta decisión adoptada por el gobierno nacional.
