Algo en Común El diario de Rosario
El senador Federico Pinedo presentó un proyecto de reforma laboral en la misma línea que la que propuso el año pasado el ministro Triaca. Se trata de una versión reducida de aquel, en la que no hay ninguna disposición favorable al trabajador.
La iniciativa apunta a promover un “blanqueo” de los trabajadores no registrados o mal registrados, a rebajar las indemnizaciones por despido, y –máximo anhelo patronal– que despedir sea gratis.
La receta del blanqueo es la de siempre: perdonar los aportes y contribuciones a la seguridad social para los patrones que regularicen a sus trabajadores. Un mecanismo que ya fracasó con la ley 26.940 que el gobierno anterior propuso en 2014. La razón de ese fracaso –que previsiblemente se volverá a producir si el proyecto es aprobado–, es que, aunque se le perdone toda deuda previsional anterior, el empresario que blanquea o anota correctamente a sus trabajadores queda obligado a partir de ahí a cumplir con esos aportes que hasta ahora no pagaba y además, a respetar los derechos de sus trabajadores: licencia por enfermedad, vacaciones, sujetarse a los sueldos de convenio y, llegado el caso, pagar el despido. En esa lógica sigue siendo mejor negocio mantenerse en la clandestinidad que salir a la luz del día. No olvidemos además que el empleo en negro y los pagos en negro son hijos directos de la economía en negro, por lo que para blanquear trabajadores también habrá que blanquear las ganancias y pagar impuestos, y eso no les interesa. El crecimiento económico con equidad, el control del estado a los evasores y sanciones económicas severas son el único camino para derrotar el empleo no registrado.
De paso, el proyecto reduce las indemnizaciones que protegen al trabajador que reclama su blanqueo o correcta registración, abaratando para el empleador las consecuencias de eventuales reclamos.
En lo que refiere a la indemnización por despido, además del aspecto más comentado a la reforma consistente en excluir de computar en la base de cálculo de la indemnización por despido el aguinaldo, premios y reconocimiento de gastos, hay algo mucho más grave: la posibilidad de eliminar por convenio colectivo la indemnización por despido, sustituyéndola por un fondo de capitalización que, en los hechos, significará que el despido no tenga costo para los empleadores. La indemnización por despido procura sancionar al empleador que despide y desalentar esa práctica. Esa facilidad para despedir precariza el empleo y expone al trabajador a represalias si intenta hacer valer algún derecho. Cabe la esperanza de que las dirigencias sindicales no se presten a firmar convenios colectivos de ese tipo, aunque no pueden descartarse presiones, o “tentaciones” para aceptar la aplicación de ese sistema.
Si bien el clima político parece poco propicio para que esta iniciativa prospere, es importante poner de resalto la insistencia del gobierno en estas iniciativas, en la convicción de que, mejorando la rentabilidad empresaria en perjuicio de los trabajadores, algún día los beneficios del crecimiento económico se derramarán sobre el conjunto de la sociedad.
Pura promesa, por cierto. Mientras tanto, a los que viven de su trabajo, las cosas se les harán cada vez más difíciles.
Jorge Elías
