El 10 de mayo vencerá el plazo para el tratamiento por parte del Senado de la provincia del proyecto de ley de acceso a la información pública que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que por octava vez en este siglo perdería estado parlamentario.
A partir de que comiencen las sesiones ordinarias que el gobernador Omar Perotti inaugurará el 1° del mes entrante quedará muy poco tiempo para que la Cámara Alta muestre la decisión política para aprobar el texto surgido de la iniciativa de tres diputados provinciales: Gabriel Real (PDP), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Clara García (PS). Es por eso que el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe hacen público el reclamo para que se convierta en ley el derecho sobre el que se han expresado organizaciones sociales, sindicales, académicas, comunitarias, ecologistas, políticas y tantas otras del territorio provincial. De no tratarse será la octava vez que el derecho constitucional relacionado con la publicidad de los actos de gobierno y que involucrará a los tres poderes del Estado será negado a los santafesinos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH establece que el derecho de acceso a la información es una manifestación específica de la libertad de expresión, por tanto, no se trata de un patrimonio exclusivo de quienes desempeñan la tarea periodística, sino que es un derecho de toda la ciudadanía de vital importancia para el funcionamiento de la democracia. La historia de la no aprobación de la ley de acceso a la información pública en Santa Fe se remonta al año 2002 y cuenta con episodios múltiples -2003, 2005, 2009, 2011, 2016 y 2018-, todos con el mismo final.
Por eso, no podemos considerar que las -hasta ahora- siete negativas que recibió del Senado constituyan un hecho fortuito, se trata, en cambio, de un intento sistemático de preservar la cultura del secreto que beneficia a los ya privilegiados, debilitando las bases de la democracia.