La causa por el asesinato del joven trabajador, ocurrido en 2014 durante un violento ataque en el camping del Sindicato de Camioneros en Pérez, sufrió una nueva suspensión y quedó reprogramada para mediados de diciembre. La familia denuncia demoras inadmisibles, acuerdos abreviados cuestionados y una impunidad que ya lleva más de una década.
A más de diez años del asesinato de Nicolás Savani, el caso sigue sin resolverse y las postergaciones judiciales vuelven a profundizar la indignación de la familia y de sectores gremiales que acompañan el reclamo de justicia. Este lunes debía realizarse una audiencia clave, pero fue suspendida sin aviso formal y se reprogramó para mediados de diciembre, alimentando una vez más la sensación de impunidad.
Como se recuerda, el 12 de abril de 2014 el camping del Sindicato de Camioneros de Pérez iba a ser escenario de una asamblea. Sin embargo, el encuentro se transformó en una tragedia cuando un grupo armado interceptó cuatro colectivos que se dirigían al predio. A unos 150 metros del ingreso, un corte impedía el avance de los vehículos. Entonces, varios trabajadores descendieron para averiguar qué ocurría y fueron recibidos con una lluvia de disparos.
Entre ellos estaba Nicolás Savani, de 27 años, quien recibió un tiro en la espalda y otro en la nuca. Murió poco después, dejando a dos hijas pequeñas. Desde ese día, la causa avanzó a paso lento, entre cambios de fiscales, maniobras procesales y negociaciones judiciales que dilataron el esclarecimiento de lo sucedido.
Este año, la investigación tuvo un giro cuando tres imputados: Ángel Acuña, Fernando Machuca y Cristian Amarilla firmaron un acuerdo abreviado, aceptando responsabilidad en el homicidio a cambio de una pena de tres años condicional, sin prisión efectiva. A su vez, otro de los acusados, Cristian Ayala, permanece detenido por la unificación con otras condenas previas.
Sin embargo, quedaron fuera de ese acuerdo inicial los imputados Rodrigo y Cristian Casañas, señalados por la Fiscalía como parte del grupo armado que participó del ataque. Para ellos estaba previsto un entendimiento similar: pena condicional para el padre y tres años de prisión efectiva para el hijo, por contar con antecedentes. La suspensión de la audiencia dejó nuevamente su situación procesal en suspenso.
Según consta en los expedientes, gran parte de los involucrados integraban la estructura del Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe: Machuca, Amarilla, Ayala, Acuña y los Casañas. Todos formaban uno de los grupos enfrentados durante el episodio violento que terminó con la vida del joven trabajador.
No obstante, la falta de explicaciones oficiales sobre la nueva postergación reavivó las sospechas de maniobras dilatorias. La familia de Savani sostuvo que no se comunicaron motivos formales y que la razón probable sería la acumulación de audiencias a fin de año. “Pero las demoras siempre recaen sobre los mismos: sobre las víctimas”, lamentaron.
Para Mauricio Savani, hermano de Nicolás, cada suspensión es un golpe más “hace más de diez años que esperamos una respuesta. Queremos que esto termine, que haya condenas y que se diga la verdad. A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero por lo menos queremos justicia”, expresó con firmeza.
La familia reafirmó que seguirá presente en cada instancia judicial para evitar que el expediente pierda impulso “vamos a seguir acompañando este proceso para que el caso no quede en la nada”, remarcaron.
Algo en Común El diario de Rosario