En un acto en la Ex ESMA, representantes del Estado argentino, a través de la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de las de Mujeres, Géneros y Diversidad, firmaron un acuerdo de solución amistosa ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
De esta manera, se plantea una serie de medidas de reparación simbólica para las víctimas y familiares y el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género, como la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) acompañó este viernes el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa en los casos N° 177/2021 “Albornoz, Florencia”, y N° 174/2021 “Aros Soto, Analía Margarita”, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). De esta forma, a través del trabajo articulado entre distintas áreas y Ministerios, el Estado Nacional reconoce sus responsabilidades en torno a los femicidios ocurridos en 2010 y 2017.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó: “Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas. El Estado no estuvo a la altura de las circunstancias para entender el dolor que estaba generando y para no acompañar y abrazar a las familias de otra manera. Los acuerdos procuran la reparación individual de las familias, pero sobre todo el compromiso de adoptar garantías institucionales para que casos como estos no vuelvan a repetirse. Para nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es muy importante poder llevar adelante esta reparación simbólica, que puede reparar muchas vidas de acá en adelante”.
Florencia y Analía sufrían violencia y denunciaron a sus agresores. El Estado no las resguardó y fueron asesinadas. En 2020, familiares de dos víctimas, junto a la asociación Atravesadxs por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos “Justicia y Reparación”, presentaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) pedidos de disculpas y una reparación integral al Estado argentino por no proteger a las dos mujeres que habían denunciado a sus femicidas. Argentina aceptó los errores y el mal desempeño. No opuso resistencia ni planteó una apelación.
El caso de Analía Aros Soto
Las autoridades policiales y judiciales, conociendo las graves y permanentes agresiones cometidas por Hugo Gutiérrez, pareja de Analía Aros, en su contra, no adoptaron las medidas que hubiesen permitido impedir su asesinato a manos de su pareja el 21 de marzo de 2017. El Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no investigó ninguna arista relacionada con las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios policiales que recibieron la solicitud de protección de Analía en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Mar del Plata.
El caso de Florencia Albornoz
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, funcionario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cometió el femicidio de Florencia Albornoz, de 21 años. Tenían una hija. Florencia, además, tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación, Mazo sometió a Florencia a hechos de violencia. La relación se terminó, pero Mazo continuó amenazando y lastimando a Florencia, quien hizo la denuncia en la comisaría. Sin embargo, no se dictó ninguna medida de protección.
Luego de un intento de quemarla, se instruyó una medida cautelar que decretó la restricción de acercamiento de Mazo, sin plazo de agotamiento. En el mismo contexto de ese caso penal, la Fiscalía también ordenó a la Comisaría de Quilmes, sección primera —en la cual prestaba servicios el agresor—, que custodiara la integridad tanto de Florencia como de su hija Lara en su hogar y en su lugar de trabajo. Finalmente, el 17 de enero de 2010, Mazo ingresó sorpresivamente a la casa donde estaban Florencia y su nueva pareja, Ernesto Escudero, y mató a ambos con su arma de servicio.