En un clima de creciente preocupación y rechazo, diversos gremios y sindicatos se han expresado en solidaridad con los trabajadores del Correo Argentino, luego de que el Gobierno nacional anunciara la desregulación de la actividad postal en el país.
La medida, que fue oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial, busca fomentar la “libre competencia” y eliminar “decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”, según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología estarán a cargo de la implementación de esta reforma.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores han cuestionado fuertemente la medida, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones de Rosario, señaló que la desregulación del servicio postal no es una novedad, recordando que desde 1993, bajo el gobierno de Carlos Menem, se estableció un marco que permitió la participación de empresas privadas en el sector, aunque con regulaciones mínimas. «Lo que estamos viendo ahora es un intento de vaciar a la empresa estatal, Correo Argentino, que hasta hoy sigue prestando un servicio clave, incluso en zonas remotas que las empresas privadas no alcanzan», sostuvo Palombi.
A lo largo de los últimos años, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habían implementado regulaciones para proteger tanto los derechos laborales como el funcionamiento del Correo Argentino. «Hoy, el Correo no genera pérdidas y cumple un rol fundamental, pero estamos ante un escenario de desmantelamiento que no vamos a permitir», añadió Palombi.
La crítica a la medida también ha sido compartida por otros sectores sindicales. Marcelo Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de Rosario, expresó su rechazo a la desregulación, alertando sobre los posibles efectos negativos en el empleo de miles de trabajadores del Correo. “Esta medida podría dejar a mucha gente en la calle. El gobierno tiene que gestionar para que las empresas del Estado funcionen y sus trabajadores estén protegidos», indicó.
En la misma línea, Alberto Botto, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, condenó lo que consideró una estrategia de privatización encubierta, que no solo afectaría a los trabajadores del Correo, sino también a la población en general. “El correo es sinónimo de soberanía. Durante la pandemia cumplió un rol crucial, y ahora, con la desregulación, se busca justificar su privatización, lo que inevitablemente elevará los costos del servicio”, afirmó Botto.
Por su parte, Analía Ratner, secretaria general de la Asociación Bancaria Rosario, manifestó su preocupación por lo que consideró una continuidad de políticas de desmantelamiento del Estado. “Este gobierno está avanzando con una agenda clara de privatización, tal como lo anunciaron desde el principio. Es un modelo que no solo destruye las empresas del Estado, sino que también pone en riesgo los puestos de trabajo”, señaló Ratner.
La solidaridad también ha llegado desde el Sindicato Municipal de Rosario, cuyo titular, Antonio Ratner, comparó la situación actual con las políticas implementadas durante la década del 90, cuando el gobierno de Carlos Menem promovió la privatización de numerosas empresas públicas. «Lo que estamos viviendo es una copia exacta de aquellos años. Lo que no entienden es que las empresas del Estado cumplen un rol estratégico y no pueden ser entregadas al sector privado», afirmó.
Claudia Indiviglia, secretaria general del Gremio de Trabajadoras Estatales (NOrTE), expresó el respaldo total a los trabajadores del Correo y sus delegados, mientras que Nicolás Martínez, titular del Sindicato de Cadetes de Rosario, calificó la medida de «retroceso», advirtiendo sobre las consecuencias de una nueva ola de privatizaciones que, según su perspectiva, traerían de vuelta las crisis económicas de la década del 90.
En este contexto, los sindicatos han dejado claro que resistirán cualquier intento de privatización del Correo Argentino y han convocado a la unidad de los trabajadores para defender tanto la fuente de trabajo como el acceso a un servicio postal de calidad y al alcance de todos los ciudadanos.
El debate sobre la desregulación del Correo Argentino se suma a una serie de discusiones políticas y económicas que atraviesan al país en un período electoral y de reconfiguración de las políticas públicas, en un escenario donde los sectores sindicales advierten sobre los riesgos de una nueva etapa de privatizaciones que, según sus análisis, podrían poner en peligro tanto el empleo como los derechos de los trabajadores del Estado.