El Gobierno de Javier Milei anunció la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, un programa clave creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios, dirigido a personas de diferentes condiciones socioeconómicas. Esta medida, oficializada mediante el decreto 1018/2024, tiene implicancias directas sobre los miles de beneficiarios que actualmente están recibiendo beneficios del programa, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas y créditos.
El Ejecutivo justificó la disolución del Pro.Cre.Ar como parte de un plan para optimizar recursos públicos, tras evaluar informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que alertaban sobre la carga financiera que representaba el fondo para el Estado, además de señalar falencias en términos de transparencia y eficiencia en su administración.
El principal temor de los beneficiarios es cómo esta disolución impactará en los créditos hipotecarios ya adquiridos o en las viviendas adjudicadas. Sin embargo, el Gobierno ha detallado que no se modificarán las condiciones para los contratos ya firmados:
- Continuidad de los créditos con el Banco Hipotecario: Aquellos beneficiarios con un crédito vigente seguirán pagando bajo las condiciones pactadas originalmente. El Banco Hipotecario será el encargado de administrar estos créditos, garantizando que las cuotas y términos no cambien.
- Transferencia de inmuebles no adjudicados: Los proyectos del Pro.Cre.Ar que no tienen contratos de obra vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta transferencia busca optimizar los recursos y permitir que provincias y municipios gestionen estos bienes para el beneficio de sus comunidades, aunque no se ha detallado si estos inmuebles podrán ser destinados a nuevos beneficiarios.
- Garantías para los beneficiarios adjudicados: Los beneficiarios que ya han sido adjudicados con una propiedad o están en proceso de construcción pueden estar tranquilos, ya que el Banco Hipotecario continuará administrando sus contratos sin cambios. Las obligaciones pendientes, como pagos de obra o ajustes, serán cubiertas con los fondos generados por la cobranza de los créditos o la venta de inmuebles del fondo.
Para los solicitantes que aún están en espera de una adjudicación o que se encontraban en las etapas iniciales del proceso, la situación es más incierta. El decreto no detalla un plan específico para estos casos, lo que deja abierta la posibilidad de que algunos proyectos sean suspendidos o reorientados. Sin embargo, el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario evaluarán cada situación de acuerdo con los contratos de fideicomiso y otras normativas complementarias.
Con la disolución del Pro.Cre.Ar, el Gobierno se aleja de la intervención directa en la financiación de viviendas, argumentando que la tarea de otorgar créditos hipotecarios corresponde a las entidades bancarias, tanto públicas como privadas. De hecho, se espera que las reformas del Banco Central, implementadas en 2023, junto con la reducción de la inflación, incentiven a los bancos a ofrecer más créditos hipotecarios, lo que permitiría el acceso a la vivienda sin la necesidad de un fondo estatal como el Pro.Cre.Ar.
Aunque la medida garantiza la continuidad de los créditos en curso para los actuales beneficiarios, los que están en proceso de adjudicación o aún no han obtenido su vivienda podrían enfrentar un panorama más complejo y con menos certezas. El futuro de la vivienda en Argentina, a partir de ahora, dependerá en gran medida de la capacidad del sector privado para cubrir esta necesidad fundamental.