Algo en Común El diario de Rosario
La Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tras detectar una serie de certificados médicos presuntamente falsificados que fueron utilizados por afiliados de Reconquista para solicitar un beneficio por «enfermedad terminal». Los beneficiarios involucrados comparten como característica común su origen en la ciudad de Reconquista, así como el hecho de estar patrocinados por el mismo abogado o profesional en Trabajo Social.
La intervención de la Caja de Previsión Social, encabezada por Lorena Ulieldín, surgió luego de un exhaustivo control realizado por el gobierno provincial en diversas áreas del Estado. En el marco de estas medidas de control, se descubrió que varios de los certificados médicos presentados para solicitar el beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que otorga hasta un 10% de anticipo de un seguro a quienes demuestren padecer una enfermedad terminal, presentaban irregularidades.
Según el informe elevado al MPA, la asesora médica de la Caja observó que los profesionales que supuestamente emitieron los certificados desconocían su confección o bien se detectaron alteraciones en los documentos, particularmente en lo relacionado con la mención de “enfermedad terminal”. Ante estos hallazgos, la denuncia solicita la investigación sobre posibles delitos de falsificación de documentos y su uso ante la Caja de Previsión Social.
Si bien la Caja de Previsión Social aclara que no puede aseverar que todos los certificados sean falsificados ni que haya intención dolosa por parte de los afiliados, solicita al MPA que se inicien las medidas investigativas correspondientes para esclarecer los hechos. Asimismo, expresa su voluntad de ser parte querellante en la causa.
La denuncia se enmarca dentro de un conjunto de medidas de control impulsadas por el gobierno provincial que, en los últimos tiempos, ha permitido detectar irregularidades en diversas áreas, como la operación de comedores infantiles, el pago de horas extras en empresas del Estado, y la tramitación de licencias docentes.
