Preocupación en Santa Fe por el cierre de servicios del Hospital Bonaparte

Los ministerios de Salud de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba manifestaron su profunda preocupación ante el anunciado cierre de los servicios de guardia e internación del Hospital Nacional de Salud Mental «Lic. Laura Bonaparte», ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión, que depende del Estado Nacional, ha generado alarmas sobre los derechos de los usuarios y la situación laboral del equipo de salud.

La Mesa Permanente de Salud, compuesta por los titulares de Salud de las tres provincias —Silvia Ciancio (Santa Fe), Ricardo Pieckenstainer (Entre Ríos) y Guillermo Grieve (Córdoba)— expresó que el cierre de estos servicios no solo privará a los usuarios de atención esencial, sino que también vulnerará los derechos de los pacientes y de los trabajadores del hospital.

“Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante”, señalaron, advirtiendo que la medida pone en riesgo la continuidad de servicios vitales y afecta gravemente a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, enfatizaron que el cierre amenaza la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuya labor es fundamental para el bienestar y la recuperación de los pacientes. “La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, que es el garante del acceso a servicios de salud”, subrayaron.

La Mesa Permanente también insistió en que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios debe considerar plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, conforme a los principios de nuestro sistema de salud mental.

Por estos motivos, solicitaron al Estado Nacional que aclare urgentemente sus planes para garantizar una atención adecuada y que tome decisiones en un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados. “La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”, concluyeron.