La Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (FESTRAM) ha declarado estado de alerta y movilización tras la amenaza de descuentos en los salarios de los empleados que participaron en el paro y la manifestación hacia la Legislatura, en respuesta al tratamiento del proyecto de reforma jubilatoria.
La decisión fue tomada en un plenario de secretarios generales que se llevó a cabo en el Complejo Institucional de FESTRAM, donde se analizaron las amenazas de descuentos provenientes de algunos intendentes y presidentes comunales, especialmente del radicalismo.
Un caso destacado fue el del intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, a quien se le acusa de tomar medidas que violan la ley provincial Nº 9.286, perjudicando los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad. Según FESTRAM, Müller ha implementado acciones que buscan «precarizar el empleo público» y ha dado de baja designaciones de planta permanente, reubicando a trabajadores como personal contratado sin reconocer sus cargos legítimos obtenidos mediante concursos.
“Estas actitudes no contribuyen a dar tranquilidad a la familia municipal y reflejan una alineación con las políticas de reducción de derechos y represión que se implementan a nivel nacional por parte del presidente Javier Milei”, afirmaron desde la federación.
Los municipales también expresó su preocupación por la falta de respuesta de varios jefes comunales ante el reciente proyecto de reforma jubilatoria, que impone una reducción del 1,8% a municipios y comunas para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Esta reforma implicará un aumento en los aportes jubilatorios y cuotas solidarias, que oscilarán entre el 1% y el 6,5%, empobreciendo así a los trabajadores que aportan a la Caja provincial.
Durante el plenario, los dirigentes de FESTRAM evaluaron diversas acciones a seguir si no se revierten estas decisiones, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores municipales. La federación se mantiene en pie de lucha y espera que las autoridades locales reconsideren sus posturas en favor de los derechos de los trabajadores.