Algo en Común El diario de Rosario
Ante la preocupante proyección del Presupuesto Nacional 2025, que implica un recorte del 24% en los gastos provinciales y la eliminación de fondos nacionales para transporte y educación, el diputado Carlos del Frade ha presentado una propuesta al gobierno de la provincia de Santa Fe. La iniciativa busca autorizar el cobro de derechos de exportación a las principales empresas del sector, con el fin de robustecer las arcas provinciales y proteger los intereses del pueblo santafesino.
La propuesta establece que el gobierno provincial defienda sus intereses ante las políticas económicas discriminatorias en materia de coparticipación y los fondos nacionales retenidos por decisiones de la administración central. Según el artículo 2 del proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo a recaudar estos derechos de exportación antes de que lo hagan los organismos nacionales.
Del Frade destaca que esta medida no implicará un aumento impositivo, sino que simplemente cambiará el destino de la recaudación de los derechos aduaneros. A través de esta propuesta, se espera establecer un estado de excepción que permita al gobierno provincial compensar la falta de transferencias correspondientes a los derechos de coparticipación.
El legislador también subraya que las decisiones del gobierno de Javier Milei son contrarias a la ley nacional 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y a varios artículos de la Constitución Nacional, generando perjuicios significativos para la provincia. En este sentido, Del Frade advierte que se presentarán acciones ante la Corte Suprema de Justicia para defender los derechos de Santa Fe.
«Es fundamental lograr un resarcimiento de las cuentas públicas a través del cobro de derechos de exportación, para que el estado provincial sea el primero en recaudar y así colaborar con las necesidades del pueblo santafesino», enfatizó el diputado.
Con esta propuesta, Del Frade busca ofrecer al gobierno provincial una herramienta legislativa que permita mitigar los efectos de las políticas nacionales que han debilitado la autonomía y los recursos de las provincias en los últimos años. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el futuro económico de Santa Fe y la necesidad de proteger los intereses de su población.
