Crédito: Andrés Alcain

Más de 100 mil personas marcharon en Rosario en defensa de la universidad pública

Miles de manifestantes se dieron cita en Rosario para participar de la Marcha Federal Universitaria, que tuvo como principal consigna la defensa de la educación pública y el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Federal por parte del presidente Javier Milei.

La concentración comenzó desde las 16 en Plaza Montenegro, donde se congregaron estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otros.

Luego marcharon desde calle San Luis y San Martín, San Luis y Buenos Aires, llegando a Córdoba y Buenos Aires y desde allí se dirigieron al Monumento Nacional a la Bandera concluyendo con un festival y un acto central.

La movilización en Rosario fue parte de una respuesta nacional frente a un contexto de incertidumbre y preocupación por el futuro de la educación pública en Argentina, donde la voz de estudiantes y docentes se alzó en defensa de sus derechos y la inversión en educación.

Por otra parte, el epicentro de la marcha federal fue en las puertas del Congreso, allí miles de agrupaciones reflejaron un descontento generalizado contra las políticas del gobierno.

La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccoli, leyó el documento central de la movilización, el cual fue respaldado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En el texto, se enfatizó que la ley aprobada por el Congreso ofrece al presidente “una solución razonable que atiende los problemas del sistema educativo, cuidando al Estado y su economía”.

 La comunidad universitaria instó a Milei a “reconsiderar” el proyecto de Presupuesto 2025, advirtiendo que, de no realizarse modificaciones, la situación de las universidades y del sistema científico podría agravarse significativamente. “Lo que estará en juego es su continuidad”, señalaron.

La movilización cobró relevancia ante el anuncio del presidente, quien tiene hasta este jueves 3 de octubre para vetar la ley. De no hacerlo, la norma se promulgará de manera automática, brindando un respiro a un sistema educativo que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años.