Algo en Común El diario de Rosario
Se trata de un fondo compensador para afrontar el costo de tercerizar el control de aplicaciones ilegales en el servicio público de pasajeros fue la síntesis de la audiencia en la comisión de Servicios Públicos del Concejo con los sectores taxistas.
En una reciente audiencia en la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, se abordó la creación de un fondo compensador destinado a afrontar los costos de tercerizar el control de aplicaciones ilegales en el servicio público de pasajeros. Este acuerdo busca fortalecer la regulación y garantizar un servicio más seguro y equitativo para los usuarios.
Los representantes del sector taxista expresaron su apoyo a la iniciativa, resaltando la necesidad de medidas que enfrenten la competencia desleal que representan estas aplicaciones no autorizadas. El fondo se destinará a financiar acciones de control y supervisión, asegurando así un marco normativo más robusto.
El objetivo claro es combatir las aplicaciones ilegales. “No podemos hacer oídos sordos, las app ilegales nos pasan por arriba. Se están devolviendo chapas, vendiendo autos”, indicaron titulares y peones que firmaron esta solicitud como señal de trabajo en conjunto con la misma finalidad.
Según consta en su reclamo, la clave es la falta de controles, por lo que solicitaron que se tercericen los mismos a “entes idóneos” para permitir detectar el trasporte ilegal y las aplicaciones ilegales.
En cuanto a la financiación del sistema de control proponen establecer un fondo compensador constituido por la recaudación de multas a empresas ilegales, cuyo destino sea amortizar los gastos ocasionados por la tercerización del servicio de control.
“El fondo sale de las propias multas que se cobran hoy. Que se cree un organismo con ese fin”, propuso José Iantosca, de CATILTAR.
Además instan a que el municipio realice una campaña de difusión que desaliente el uso de las aplicaciones ilegales, y que promocione que UBER es una aplicación ilegal.
En referencia a las tarifas, Iantosca dijo que “UBER hace un dumping mortal”, en relación a la práctica que conlleva un menor precio sobre el mismo producto, en este caso el servicio de traslado de pasajeros.
“Es una competencia que no se puede llevar a cabo. Si nosotros cobramos 5 y ellos cobran 3, hay una cuestión de inequidad, no se puede competir”, agregó.
Por otro lado, pidió mayor actuación del departamento ejecutivo con respecto a los hechos de inseguridad denunciados en el servicio de aplicaciones; y mayores controles disuasivos en lugares de concentración masiva. Evaluó sobre el final la posibilidad de que se informe la situación de los automóviles afectados a la utilización de aplicaciones ilegales a la AFIP o al Ministerio de Trabajo.
