En la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana el concejal Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, solicitó que “hasta que avancemos en una reunión conjunta de las comisiones tratemos en simultáneo el tema cuidacoches”.
Precisó que “es un tema de interés público que hay que plantearlo en todos los ámbitos necesarios” y enfatizó que “nosotros tenemos que producir cambios. La sociedad no aguanta que creemos expectativas y luego no se ven realizadas”.
Más adelante agregó que “los cambios normativos deben ser lo suficientemente sólidos para producir ese cambio real”. Recordó que “hay iniciativas de las más variadas que hay que empezar a discutirlas”.
La concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular– que preside la comisión de Obras Públicas, estimó que “en dos semanas podrían empezar a realizarse las reuniones conjuntas”, y consideró que el primer encuentro debería efectuarse con funcionarios municipales para conocer “cuál es la situación que se están encontrando en el propio territorio”.
Coincidió el edil Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista, en “tener la voluntad política y la mirada del Ejecutivo”.
Mencionó posteriormente la concejala Gigliani que “el artículo 300 del Código de Convivencia, tiene muchas falencias porque en ningún momento habla de contribución económica, sólo habla de extorsión y de quien se arroga la exclusividad de la calzada”. Y ejemplificó que “hoy no puedo justificar la extorsión” para mencionar que “soy un cuidacoche, estoy parado en la vereda, no tengo conos, no obstruyo el fluido vehicular, te pido amablemente si me das plata para cuidarme el vehículo y vos accedés. No hay ninguna configuración” de extorsión.
En una nueva intervención el edil Fiatti recordó los consensos que se lograron en su momento para la sanción del Código de Convivencia y dijo que “no tiene sanción de arresto” para señalar que “sobre ello había un problema de coherencia en el viejo Código de Faltas, porque teníamos la figura del arresto sin tener fuerza policial”.
Indicó la edila Gigliani que “si la policía se lleva a un cuidacoche, después la extorsión tiene que ser la del Código Penal”.
Consideró Fiatti que puede haber distintas situaciones que impliquen la figura del Código Penal, por ejemplo, “resistencia a la autoridad, puede haber amenazas”, casos en los que el inspector municipal puede dar intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con lo que “aunque no haya extorsión penal puede haber participación de la Justicia”. Hizo referencia en tal sentido a los operativos conjuntos que se están realizando al presente.
Reiteró que “hoy la herramienta es el artículo 300”, para mencionar luego la tarea que se está efectuando sobre cuidacoches y en qué condiciones ejercen la actividad, en la zona del centro y macrocentro, entre ellas Pichincha o Abasto.
El concejal Cavatorta consideró que “es importante diferenciar si se actúa con el Código Penal, o con el artículo 300 del Código de Conviencia”. Sobre ello sostuvo Fiatti que “el Código de Convivencia lo que regula es la tolerancia entre vecinos”.
Precisó la edila Gigliani que en el Código de Convivencia se habla de multas “dudo en este caso” y sobre probation “acciones de tipo comunitario” preguntó si se hicieron en alguno de los 340 casos a los que hizo mención el Departamento Ejecutivo.
Al hacer referencia el concejal Lifschitz a su proyecto que indica “terminar con esta práctica irregular”, explicó que “ello significa llevar adelante un protocolo de acción que nos permita la mejor política de control y prevención para evitar que se lleve adelante”
Estimó la edila Gigliani que “en la práctica termina siendo una regulación” para sostener que “primero hay que trabajar socialmente”.
Al retomar sobre su proyecto el edil Lifschitz dijo que “se plantea de una manera progresiva” y que “el Estado vea de qué manera le ofrece una alternativa de empleo, por única vez y para aquellos que estén en ese momento en una zona”. Nuevamente el concejal Cavatorta sostuvo que “cuando el municipio aborda este tema empieza a regular”.
Destacó en los tramos finales del análisis el concejal Fiatti que “es un tema sensible para la gente y hay que debatirlo” para agregar que “si decimos que se va a prohibir díganme cómo se hace”.
Además, en la reunión de la comisión de seguridad, se trataron otros expedientes. Uno de ellos, del concejal Cavatorta quien explicó su proyecto, que encomienda al Departamento Ejecutivo que realice un convenio con el Ministerio de Seguridad provincial para la incorporar agentes de policía a los móviles de Control Urbano, iniciativa que también suscribieron sus pares del bloque Justicialista, Julia Eva Irigoitia y María Fernanda Rey; Sabrina Prence y Franco Volpe, de Vida y Libertad, y Gigliani, de IP.
Indicó el edil del bloque Justicialista que algo similar se realiza en la ciudad de Santa Fe y resaltó la tarea de los trabajadores de Control Urbano, en abordar cuestiones vinculadas a “la nocturnidad, delitos, consumos problemáticos, violencia, violencia de género”
El concejal Lifschitz dijo que “estamos totalmente de acuerdo” y dijo que un proyecto de su autoría propicia la suscripción de un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad para el trabajo conjunto con fuerzas policiales.
Planteó el concejal Fiatti que “se haga referencia al pago de adicionales”. Por su parte, el edil Lifschitz consideró que “no habría un costo, dado que se incorporaría a los caminantes”.
Además, mencionó el concejal Fiatti que cuando se efectúan operativos con efectivos policiales se pagan adicionales y también mencionó lo relativo a lo que abona la Universidad Nacional de Rosario, por adicionales en la zona de la Ciudad Universitaria o La Siberia.
Por su parte, Fernanda Gigliani señaló, que debería evaluarse si en todos los casos deben ser los caminantes.
Asimismo, el concejal Lifschitz reiteró que el objetivo de “sumar refuerzos operativos para que se puedan llevar adelante tareas de control”.
La iniciativa quedó en estudio y en el mismo sentido otro proyecto del edil Cavatorta, para promover la inscripción de rosarinos para el Instituto de Seguridad Pública.
De igual modo continuará en análisis una iniciativa del concejal Lifschitz que requiere información sobre la obra para el reemplazo de la Unidad Penitenciaria Nº 3 que funciona en la manzana de Montevideo, Ricchieri, Zeballos y Suipacha.
Sobre el tema se mencionó la existencia de diversas iniciativas que planteaban proyectos sobre la zona y que comprendían no solamente la manzana que ocupa la unidad penitenciaria sino en las que se encuentran diversas dependencias municipales.
De la reunión de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana participaron su presidente, Federico Lifschitz, del bloque Socialista; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, y Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista.