Algo en Común El diario de Rosario
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se movilizará este jueves al anexo de la Secretaría de Trabajo para protestar por el despido de 300 trabajadores de la empresa Dycasa.
Además, la Uocra, que conduce a nivel nacional Gerardo Martínez, sumará un reclamo por los miles de despidos y suspensiones como consecuencia «de la paralización de las obras» dispuesta por el Gobierno nacional en toda la Argentina.
La seccional de la ciudad de Buenos Aires será la que encabezará la manifestación al edificio público en el funciona la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
El escrito que difundió por el gremio aclara que «respetará el protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad». «Se iniciará a las 9.30 desde la sede de la Seccional Capital de la Uocra y continuará por la avenida Entre Ríos hasta la cartera laboral», agrega.
A principios de la semana, la Uocra se declaró en estado de «alerta» y asamblea «permanente» a nivel nacional en todas las obras públicas y privadas del país.
Para la entidad, el contexto social y económico actual agravó en el ámbito de la construcción «por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo».
«En los dos últimos meses, se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno», dice el documento que publicó el lunes pasado.
Además, hace hincapié en la obra privada: «No ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública».
Y cierra: «Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país».
