Así lo plantearon, en la última sesión, los diputados del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Roberto Mirabella, Patricia Chialvo y Germán Bacarella, acerca de todo aquello que fue tenido en cuenta para la firma del decreto 90/18 que sacó el gobernador Miguel Lifschitz con fecha 1º de febrero, donde ratifica la rescisión absoluta sin culpa de ambas partes, la Provincia y Arssa, del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe».
La documentación requerida incluye monto adeudado por la UTE concesionaria al Estado Provincial concedente en virtud de obras de pavimentación que debía realizar y no realizó, a la fecha de extinción del contrato. En relación a los incumplimientos de plazos de pago de parte de la Provincia hacia el concesionario por obras complementarias realizadas, alegados en los “considerando” del decreto 90/2018: detalle de los mismos indicando monto, concepto, fecha en que debía realizarse el pago y fecha en la que efectivamente se concretó.
Al mismo tiempo, si la Provincia concedente adeudaba a la fecha de extinción del contrato sumas de dinero a la concesionaria por pago de obras complementarias, y en caso afirmativo, indicar monto. Cuáles son las diferencias entre el estado estructural del pavimento real frente a la información suministrada en el proceso licitatorio, a las que hace referencia el Ing. Gueydan, y si las mismas han sido constatadas, relevadas y cuantificadas.
También, cuáles son las variables macroeconómicas consideradas como de entidad suficiente para tener por extinguido el contrato sin culpa de partes, a las que se alude en los “considerando” del decreto 90/2018, detallando el cálculo de su incidencia concreta sobre las acreencias recíprocas de las partes. Cuáles son los importes de las acreencias y deudas mutuas de las partes a la fecha de extinción del contrato de concesión.
Y, por último, solicitan el detalle del cálculo (cuantificación y homogeneización en el tiempo) efectuado por el Ing. Gueydan de los valores correspondientes a las obligaciones del concedente y concesionario, por el cual concluyó que el balance se presenta equilibrado.
Para el diputado del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero “los fundamentos del Decreto 90/2018 terminan siendo tan inconsistentes como el Decreto inicial (5194/16) sometido a revisión, y el único beneficiario del caso fueron la UTE y sus integrantes quienes ven “perdonados” sus incumplimientos. Tenemos entonces la necesidad de que se nos informe con claridad y números concretos, cuales son las acreencias y deudas que supuestamente en forma recíproca tienen la UTE concesionaria y el estado provincial concedente, y cuál es el cálculo por el cual el Poder Ejecutivo llega a la conclusión de que las mismas se encuentran compensadas o “equilibradas”, ya que de los antecedes del caso no nos resulta posible coincidir en tal apreciación”.