Expediente 245.826 de la concejala Lepratti
El 18 de Septiembre se cumplieron 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien fuera víctima del terrorismo de Estado bajo la Dictadura Cívico-Militar Argentina.
Visto:
Que el 18 de Septiembre se cumplieron 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien fuera víctima del terrorismo de Estado bajo la Dictadura Cívico-Militar Argentina, confinado en distintos centros clandestinos de detención entre los años 1976 y 1979; y que en el año 2006 en pleno ejercicio de la democracia, en la ciudad bonaerense de La Plata, se produce nuevamente su desaparición física, días después de prestar declaración en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz , quien resultara condenado a prisión perpetua.
Considerando:
Que a la fecha no existen noticias sobre el paradero Jorge Julio López y la causa judicial no tiene detenidos, sospechados ni una hipótesis firme;
Que Jorge Julio López era testigo y querellante en el primer juicio contra represores, tras la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final;
Que la justicia dictaminó un fallo histórico, condenando a prisión perpetua al represor y reconociendo por primera vez en la Historia Argentina como genocidio, lo ocurrido en los años del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983;
Que el 27 de diciembre de 2017 el Tribunal Federal N°6 de la ciudad de Buenos Aires, le concedió la prisión domiciliara al represor Miguel Etchecolatz por “cuestiones de salud” en un claro retroceso de la justicia.
Que la desaparición de Jorge Julio López representa, junto a otras desapariciones forzadas, un daño irreparable para la democracia Argentina;
Que los desaparecidos en democracia alcanzan el número aproximado de 200 personas, según la Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI).
Entre ellos, se encuentran los conocidos casos de Jorge Julio López, Marita Verón, Luciano Arruga, Paula Perassi, María Cash, Franco Casco y Gerardo Escobar, pero también centenares de jóvenes de los barrios más vulnerables que viven el accionar de la fuerza represiva del Estado de forma cotidiana y sistemática;
Que en tiempos en los que rige el “Estado de Derecho” enmarcado por la Constitución Nacional, es inadmisible que en democracia existan desapariciones forzadas de personas, teniéndose en cuenta que nuestro país atravesó periodos muy oscuros en su historia y que hechos como los que se produjeron en torno a desapariciones que hasta la fecha no fueron esclarecidos, formen parte de nuestro presente cotidiano;
Que es preocupante y doloroso que en el tiempo transcurrido desde su desaparición, no se pueda ciertamente saber nada al respecto, y que las instituciones y reparticiones gubernamentales involucradas no se encuentren debidamente a la altura que éste caso amerita, hecho que dificulta viabilizar un camino hacia el esclarecimiento de los acontecimientos que produjeron su desaparición;
Que la desaparición forzada de personas es un término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad ;
Que el crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, incluido el nuestro, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley ;
Que es responsabilidad de este Concejo Municipal reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho y los valores democráticos, acompañando los reclamos populares de Justicia frente al terrorismo de Estado;
Es por lo expuesto que la Concejala abajo firmante eleva para su aprobación del siguiente proyecto de:
DECLARACIÓN
El Concejo Municipal declara su profunda preocupación al cumplirse 12 años de la segunda desaparición física de Jorge Julio López, quien fuera víctima del terrorismo de Estado durante la Dictadura Cívico- Militar Argentina instaurada entre 1976-1983. Que luego de haber sufrido esos tormentos y encontrándose en plena democracia, el 18 de Septiembre de 2006, vuelve a desaparecer después de brindar testimonio en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz , condenado a prisión perpetua por de ser Director de Investigaciones en la Provincia de Buenos Aires y encargado de uno de los centros de detención clandestino junto con el ex General Ramón Camps en los oscuros años de la
Dictadura Cívico-Militar Argentina (1976-1983).