Algo en Común El diario de Rosario
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto Ley de Discapacidad, que tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente, dentro del ámbito de la provincia”.
El legislador Eduardo Di Pollina, informante del proyecto, indicó que los principales puntos de la ley son “el respeto de la dignidad inherente al ser humano, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”.
“Se trata de un nuevo concepto, el del modelo social, porque las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de discriminación”, sostuvo Di Pollina sobre la normativa que reemplaza a la ley N° 9.325.
Además, se contempla con la ley “la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, y la accesibilidad”.
Otro de los artículos hace mención a “la igualdad de género y el respeto por la diversidad sexual, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, y la integralidad, gratuidad, universalidad y equidad en la cobertura estatal de servicios y programas dirigidos a atender necesidades y derechos de las personas con discapacidad”.
Deberes del Estado
De acuerdo al proyecto, los deberes del Estado, son: asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y se designa como autoridad de aplicación la Secretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, la que se creará en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
Acceso al entorno y al Estado
El Estado adoptará las medidas pertinentes -con su correspondiente identificación- para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno físico, a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las comunicaciones, los sistemas y las tecnologías aplicadas.
También, los tres poderes del Estado, los entes públicos no estatales, empresas del Estado Provincial, las empresas mixtas y privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento del total de su personal y a establecer reservas de puestos o cargos a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Certificado y derechos
Las personas con discapacidad pueden acreditar plenamente su discapacidad y exigir los derechos y garantías especiales que le corresponden con la sola presentación del Certificado Único de Discapacidad otorgado por las Juntas Evaluadoras de personas con Discapacidad del Gobierno de la Provincia, el cual se expedirá conforme la normativa vigente, no pudiéndose requerir al interesado ningún otro tipo de examen o estudio complementario a fin de certificarla.
El Estado deberá adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso
En este sentido, la provincia deberá “asegurar que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso”.
También tiene que “asegurar que todos los servicios de protección frente a esta problemática sean inclusivos y tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad; promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la inclusión social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección”.
Cupo laboral trans
También, se dio media sanción al proyecto que favorece la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgéneros, con el fin de alentar su contratación y empleo en el sector público y privado para garantizar el derecho al trabajo.-
