En el marco de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que se realizó este martes 13 de noviembre, concejales de esta Comisión dialogaron con empleados y miembros de la comisión directiva del Museo de la Memoria, quienes expresaron preocupación por la situación en que se encuentran siete personas contratadas por la institución.
También señalaron que los contratos de los empleados se vencieron en octubre, otorgándose una prórroga hasta diciembre, y que temen “un achique de políticas públicas en materia de derechos humanos”.
Gabriela Durruty consideró además que, si no se reemplaza el personal de planta permanente que se trasladó o jubiló, quienes queden al frente de las actividades que se realizan “sufrirían flexibilización laboral”.
Los presentes –entre quienes se encontraba Élida Luna– señalaron que Rosario fue la primera ciudad del país que contó con una institución como el Museo de la Memoria, en tanto su creación fue inspiradora para otras ciudades.
Ante un pedido de audiencia con las autoridades municipales planteadas por los empleados, Gigliani se comprometió desde la comisión para coordinar reuniones con funcionarios de la Secretaría de Cultura y, a través de un proyecto de declaración, expresar la preocupación del cuerpo.
Por su parte, Salinas recordó que próximamente se deberá tratar en el Concejo el proyecto de presupuesto para 2019, por lo que consideró “oportuno” el tratamiento del tema.
En la jornada, asistieron integrantes de la comunidad Qom y otras etnias de la ciudad, quienes argumentaron su pedido de modificar la ordenanza que creó la Dirección de Pueblos Originarios para que se designen autoridades indígenas. Además, cuestionaron “no ser escuchados” por los directivos del área.
Presidida por María Fernanda Gigliani, la reunión del martes 13 de noviembre que se realizó en el Anexo II “Alfredo Palacios” contó con la presencia de Agustina Bouza y Agapito Blanco, de Cambiemos; y Pedro Salinas, de Ciudad Futura.