Solicitan medidas en defensa de la producción de biocombustible

El presidente del bloque de la UCR Maximiliano Pullaro presentó un proyecto en ese sentido. El sector emplea directa e indirectamente a miles de trabajadores. En enero el Estado nacional que debe fijar el precio de venta no lo hizo y las empresas denuncian que no se cumple con la Ley de Biocombustible.

“El Estado Provincial no puede estar ajeno a la crisis que están atravesando las empresas de biocombustibles. Requerimos una actitud proactiva por parte de los Ministerios de Ambiente y Cambio Climático; de la Producción, de Trabajo; todos a los que le atañe esta temática.” Expresó Pullaro

 

Actualmente existen 54 plantas situadas en 10 provincias, entre ellas Santa Fe en donde se encuentran unas 16 plantas de Biodiesel instaladas que producen el 79% de la producción nacional. La venta de biodiesel está regulada por el Estado de acuerdo a la Ley 26.093 sancionada en el año 2006, reglamentada mediante el Decreto Nº 109/07. Esta establecía un régimen de promoción y producción para los Biocombustibles y entre 2010 y 2019 se utilizaron 10.8 millones de metros cúbicos de biodiesel para el mercado interno, que, a precio de gasoil, significaron un ahorro aproximado de divisas por sustitución de importaciones por más de 6.900 millones de dólares. Según la Ley, el Estado Nacional tiene la obligación de fijar mensualmente el precio de venta de los biocombustibles, estableciendo valores acordes a los costos reales de producción, cosa que no está haciendo.

 

En el 2013 España realizó una denuncia de dumping que repitió EEUU en el 2017, lo que frenó el crecimiento de la industria hacia el exterior. “A partir del 2016, el Gobierno Nacional ha venido modificando las reglas del juego de manera reiterada, unilateral, intempestiva y discriminatoria, siempre en detrimento del sector, lo que implicó una transferencia indebida de renta a las petroleras, perjudicando al consumidor final.” Sostiene el proyecto en los fundamentos del pedido.

 

“Es necesario aprovechar la capacidad instalada de biodiesel en nuestro país que es superior a 4.5 millones de toneladas anuales, y hoy más del 50% se encuentra ociosa; sin mencionar que más del 75% se encuentra radicada en nuestra provincia.” Sostiene el líder de la bancada radical

 

En el 2018 y 2019 el Gobierno Provincial, a través de la Secretaria de Estado de Energía de la Provincia dio un fuerte impulso a esta actividad. En Rosario existe una experiencia innovadora en el servicio del transporte público que funciona con biodiesel hace dos años con excelentes resultados. Esto permitió a la gestión anterior comenzar a delinear el mismo criterio para el transporte público de media distancia en todo el territorio santafesino.

 

En Calchaquí, Piamonte, Sa Pereyra, San Lorenzo y Roldán por mencionar algunas localidades existen familias que se sustentan con esta industria. Existen sospechas de que este “parate” del Estado en el impulso al biodiesel se trata en parte por la presión que ejercen los sectores del combustible fosil, ya que el comportamiento del Gobierno Nacional implicó una transferencia indebida de renta hacia las petroleras, perjudicando al consumidor final que no tiene la opción de elegir otra cosa. En la actualidad la gran mayoría de las plantas de biodiesel estén trabajando por debajo de sus costos, encontrándose muchas de estas ociosas, con personal suspendido o desvinculado.

 

“El Estado Nacional, conjuntamente con las diez provincias, debe retomar el fomento de la industria de los biocombustibles a través de una política de Estado de alcance federal, brindando seguridad jurídica y previsibilidad. Medidas que apunten a reactivar la actividad, el Estado nacional debe por un lado, aprovechar al máximo la capacidad de producción instalada, mediante un aumento de los porcentajes de corte obligatorio, y además, adoptar las medidas necesarias para la apertura de nuevos nichos de mercado, tales como: transporte público de pasajeros y carga a nivel nacional, sector agrícola y generación eléctrica.” Finalizó diciendo Maximiliano Pullaro.

 

Las diputadas Silvana Di Stefano, Georgina Orciani, Marlen Espíndola, Silvia Ciancio, Jimena Senn y los diputados Juan Cruz Cándido, Sergio Basile, Marcelo Gonzalez y Fabian Bastía; acompañaron con su firma el proyecto.