Algo en Común El diario de Rosario
En la reunión del lunes 22 de junio de la comisión de Derechos Humanos y a través de teleconferencia plantearon su situación quienes se desempeñan en la Dirección de Justicia Penal Juvenil.
El encuentro de la comisión de Derechos Humanos se desarrolló en la tarde del lunes 22, y en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” estuvieron la presidenta de la comisión, Susana Rueda, de Rosario Progresista, y la vicepresidenta, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP, en tanto por videoconferencia participaron Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio; Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ.
Por videconferencia un grupo de trabajadores de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de la provincia, expresaron los problemas.
Entre ellos, Emiliano Scopetta -quien es también dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado-, quien dijo que aproximadamente son “unos 30 en toda la provincia”, de ellos entre 13 y 15 en Rosario, quienes están sin contrato y sin cobrar desde hace entre 2 y 4 meses, según los casos.
Destacó que el área es “el último eslabón de recuperación de los jóvenes, antes de la justicia para adultos” y dijo que en Rosario al presente se desempeñan en Rosario en lo que era el Instituto de Recuperación de Adolescentes Rosario (Irar), el hoy Centro Especializado de Justicia Penal Juvenil, y mencionaron que está sin funcionamiento el centro socioeducativo de Alvear.
En cuanto a los salarios marcaron que “cobran, 6.000, 8.000 ó 13.000 pesos”, para acotar que “la mayoría siguió trabajando”. Asimismo señaló Scopetta que consultaron a funcionarios en la ciudad de Santa Fe y de ello deducen que “no hay voluntad o idea de renovar contratos hasta que no termine la pandemia”.
Por otra parte otros de los trabajadores dijeron respecto al ex Irar que no está funcionando la escuela secundaria, sí la primaria, y tampoco la cocina, “traen viandas”, por lo que “vemos un vaciamiento”.
El médico del ex Irar dijo que en su caso está al día con su salario de 13.000 pesos, y señaló que “los 38 jóvenes” están en buenas condiciones de salud, habiendo realizado tanto para dichas instalaciones como para otras del área los correspondientes protocolos ante la pandemia originada por el Covid-19.
Una de las trabajadoras de la División de Asuntos Juveniles Femeninos, hizo referencia a las “malas condiciones” de la sede de la misma, en el primer piso de la comisaría 7ª en Cafferata al 600, señaló que no poseen gas natural, con lo cual el calefaccionamiento es a través de estufas eléctricas y que poseen un microondas para calentar la comida.
Los ediles acordaron redactar un pedido de informes a partir de lo planteado por los trabajadores.
Previamente escucharon al asesor legal del Concejo, Fernando Federico, quien explicó sobre una nota que llegó al cuerpo, a partir de presentación de Carlos Razzetti, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)
En tal sentido indicó que se requieren todas las actuaciones que se hayan realizado en el cuerpo colegiado de los diferentes reclamos de Razzetti, tanto en la comisión de Gobierno, como en la de Derechos Humanos.
