Diputados aprobó el proyecto de defensa del Fondo de garantía de sustentabilidad

En sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y convirtió en ley el “Acuerdo de Escazú” sobre acceso a la información ambiental.
En primer lugar, con 245 votos afirmativos, 3 votos negativos y una abstención, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo centrado en el financiamiento del programa de Reparación Histórica, los préstamos con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de los Créditos ANSES y los derechos políticos de las acciones de sociedades en cartera del FGS.

Como miembro informante del texto, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) explicó que el objetivo “es volver a poner al FGS como garante del conjunto del sistema previsional”. “La ley plantea que el FGS debe priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía en general”, añadió el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la sesión especial, además, Diputados sancionó el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, en 2018. Fue por 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones.

El diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos, explicó que con la ratificación del acuerdo “Argentina está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país” Asimismo, Valdés agregó que el texto reconoce “una demanda histórica de grupos sociales vinculados al trabajo del suelo, que reclaman mayores compromisos de los gobiernos con la transparencia en la información ambiental”.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) ratificó que el tratado “es una herramienta que se construye de manera transversal y en alianza estratégica entre los diferentes poderes del estado con las organizaciones de la sociedad civil”.
El “Acuerdo de Escazú” es el primer acuerdo regional que aborda la temática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos y tiene como principales pilares al acceso a la información pública, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de defensores ambientales.

Posteriormente, se debatió el proyecto de ley que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, de autoría del diputado Pablo Carro (Frente de Todos).

A pesar de haberse votado afirmativamente, y luego de diversos cuestionamientos por parte de varios bloques parlamentarios debido a la incorporación, a último momento, de una modificación en al artículo 2 de la norma, el titular del cuerpo, Sergio Massa, sugirió que la iniciativa vuelva a comisión con el fin de “lograr un proyecto de consenso”. A través de una moción de reconsideración, se votó afirmativamente con más de los dos tercios, y se comprometieron a tratarlo en la próxima sesión, con o sin despacho.

En el inicio de la sesión, que se llevó a cabo de manera mixta, mitad presencial y mitad remota, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tomó juramento a Guillermo Carnaghi que asumió como diputado nacional por el Frente de Todos en reemplazo de Darío Martínez, quien dejó su cargo para ocupar la Secretaría de Energía de la Nación.

Por otra parte, durante la sesión, el presidente de la Cámara pidió la “inmediata suspensión” del diputado Juan Emilio Ameri, por una situación que “superó las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta Casa”. Luego de una votación unánime en el recinto, Ameri fue suspendido mediante la aplicación del artículo 188 del Reglamento.

A continuación, se conformó una Comisión con los diputados Silvia Lospennato (PRO), Miguel Bazze (UCR), Graciela Camaño (Consenso Federal), y Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez (FdT) que evaluará la conducta del legislador. En tanto, al cierre de la sesión, y luego de la presentación de una carta de renuncia a su banca por parte del diputado, los legisladores aprobaron con 224 votos positivos, 1 negativo y 3 abstenciones la aceptación de la misma.

Por último, el pleno acordó que la iniciativa por la cual se regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que estaba en el orden del día, se debata en la próxima sesión.