Algo en Común El diario de Rosario
Participó de la reunión de la comisión el director de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro.
El funcionario del área que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia brindó un extenso informe sobre el tema y luego se analizó una iniciativa de la concejala Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ, para modificar la normativa sobre fiscalización a locales de venta de armas y municiones.
Presidió la reunión el titular de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Roy López Molina, de Cambiemos, y participaron María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Marcelo Megna, de la Unión Cívica Radical; Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Alejandra Gómez Sáenz, Norma López y Eduardo Toniolli, del Frente de Todos-PJ; Fabrizio Fiatti, de Creo, y Lorena Carbajal, del bloque Socialista.
Un informe
En el primer tramo del encuentro el director de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, precisó diferentes datos sobre el tema.
Indicó el funcionario provincial que “la violencia letal es una realidad que hace 5 ó 6 años se instaló en Rosario” y agregó que “7 cada 10 homicidios se realizan con armas de fuego”, situación que planteó como una “regularidad social” por lo que el objetivo es “obturar los posibles canales que vinculan las armas a los circuitos ilegales”.
En tal sentido aludió a las “capacidades estatales” de control de “las propias armas” y al respecto mencionó que “en los últimos 5 años se perdieron” de las fuerzas policiales, “502 armas, un número importante”. Sostuvo en tal sentido que “los controles no eran los férreos que deberían ser”.
Posteriormente hizo referencia a otra cuestión el control de las armas en depósitos judiciales y policiales a partir de procedimientos en las que se las incautan. Dijo que “se pierde visibilidad” y consignó que “hay 3.300 armas que vienen del viejo sistema penal” y dijo que se trabaja en articulación con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para su destrucción”.
Se preguntó sobre “el papel de la Anmac” y dijo que “en los últimos 4 años la colaboración fue poca o nula”. Enfatizó que “todas las armas nacen legales, excepto las tumberas o de fabricación caseras”.
Más adelante indicó que “este año está desactivado el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (Pevaf)”, respecto al cual dijo que desde algunos sectores reclaman su reactivación.
Acerca de las inspecciones sostuvo que “celebro la iniciativa del Concejo” y dijo que se habían efectuado en conjunto con la Municipalidad inspecciones a las 5 armerías que hay en la ciudad.
Precisó que en el curso del año ya se han secuestrado 2.000 armas, “en diferentes procedimientos”, para precisar que la Agencia se creó a partir de una resolución ministerial, y consignó que uno de los objetivos fue el control de las armerías policiales, y en tal sentido ahora, del 1º al 10 de cada mes deben enviar un inventario a la Agencia sobre municiones y armas.
Sobre municiones destacó que en el 2018 se realizó una compra de un millón de municiones 9 milímetros y que “hay dos formas de usarlas en un enfrentamiento en la calle o en cursos, tanto en el Instituto de Seguridad Pública (Isep), como de las unidades regionales, la Policía de Acción Táctica (PAT) o las Tropas de Operaciones Especiales (TOE)”.
Explicó que se continúa lo iniciado en la gestión anterior del control de la munición testigo, “se guarda con una huella testigo” y también destacó la creación en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Unidad de Balaceras.
Respondió posteriormente consultas de los ediles. En tal sentido la concejala Rueda consultó sobre la tarea con el MPA y al respecto explicó se trabaja en la ocasión de cada incautación de armas de fuego y en el mismo sentido para una base de datos de los proyectiles incautados.
Recordó la concejala Gigliani que Rosario fue pionera en cuanto a una ordenanza para el control de agencias de seguridad privada y preguntó sobre ellas acerca de armas y para el caso de los polígonos de tiro.
En tal sentido precisó Sappietro que la nueva ley en estudio prevé el registro de cualquier usuario colectivo, rubro en el que se encuentran dichas agencias, los polígonos y los cotos de caza. También se contempla un convenio marco con la Anmac.
Preguntó el edil Fiatti si la provincia asume competencias que son del organismo nacional y sobre ello expresó el titular de la Agencia santafesina que el ente nacional tiene delegaciones en Rosario y la ciudad de Santa Fe, “pero por la pandemia se está reordenando”.
También hizo referencia a que “nunca hubo una investigación en la provincia sobre el origen de las armas ilegales. De dónde salieron, de robos a fábricas, a usuarios civiles, a armerías”, se preguntó.
Sobre el proyecto de control
En tanto y respecto a la iniciativa de la edila Gómez Sáenz para mejorar la fiscalización en el ámbito de la ciudad, aludió Sappietro a una ordenanza en la ciudad de Santa Fe, que creo, en el 2014 el Sistema Municipal de Armas y Municiones. En tal sentido detalló que en un momento “se prohibió la venta por 90 días” y también marcó que “se concretó la clausura de una armería por no coincidir el stock”.
También como antecedente mencionó a la ley provincial Nº 13.939 que crea el Registro de Identificación Balística, “ampliando competencias provinciales”.
La concejala Gómez Sáenz reiteró que su iniciativa es para mejorar los controles y que esperaba sugerencias de los restantes ediles.
Mencionó la edila Rueda la necesidad del trabajo conjunto con la provincia y la Nación, a partir de la tarea de control.
El edil Fiatti sostuvo que “la Anmac tiene 20 inspectores en todo el país” y coincidió con la edila Rueda en saber qué hacer con los datos que se recaben en las inspecciones, pero enfatizó que “voluntad política no nos falta” para asumir la tarea.
Se abordó posteriormente punto por punto del proyecto de la edila Gómez Sáenz y en varios de los casos el funcionario provincial indicó que la información que se plantea requerir hoy debería estar en poder de la agencia nacional.
Sobre los 4 incisos del proyecto indicó el edil López Molina que le preocupaba el que aludía a preguntar sobre el destino, porque el resto “es colectar datos”.
La concejala Gómez Sáenz insistió en trabajar en la modificación de la normativa existente.
En tanto la edila Gigliani recordó como antecedente de control por parte del municipio la ordenanza acerca de tal tarea sobre precursores químicos, “que fue la primera a nivel nacional”.
El presidente de la comisión, López Molina, indicó que se mantendrá en la comisión para continuar con su estudio y luego darle el proveído a la comisión de Gobierno.
Sobre el final de la reunión la concejala Rueda expresó su preocupación por el enfrentamiento ocurrido entre integrantes de la “comunidad qom y otro sector, por pasar de una calle, como ocurría con las pandillas en los Estados Unidos, pasó a 40 cuadras del centro de Rosario, con un joven de 24 muerto y agonizando un chico de 15”.
