Algo en Común El diario de Rosario
La acción se interpuso dado que dicha plataforma digital para el traslado de personas no solicitó ni cuenta con habilitación del Ejecutivo, única jurisdicción competente para ello en la ciudad.
La Municipalidad de Rosario acudió a la Justicia este lunes 8 de marzo a fin de solicitar medidas que impidan la operatoria de la aplicación (app) Uber destinada al servicio de traslado de personas, lo que no cuenta con habilitación por parte del Ejecutivo local, única jurisdicción con facultades para regular en la materia.
En este sentido el municipio radicó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 (a cargo del doctor Marcelo Quiroga) una acción cautelar contra “Uber Argentina” a fin de que la Justicia ordene «eliminar o suspender dicha aplicación para celulares (app) en la ciudad de Rosario y/o de la página o sitio web www.uber.com en las que promocione tanto el denominado socio-Uber o conductor como el servicio o solicitud de traslados mediante automóviles particulares por usuarios del sistema».
Cabe recordar que el municipio tiene a su cargo la regulación del sistema público de transporte dentro de la ciudad como consecuencia de mandatos legales expresos. Es por ello que tiene reglamentado tanto al servicio de taxis como de remises con ordenanzas vigentes y reglamentadas.
En definitiva, se trata de un servicio público reglado cuyo fundamento no es más que el interés de garantizar la continuidad del servicio, el régimen tarifario, las seguridad e higiene de las unidades, seguridad del tránsito (licencia profesional, seguros), idoneidad de conductores y agencias, entre otras, lo que en síntesis implica garantizar el “interés general” en la materia.
La empresa demandada no ha solicitado habilitación ni permiso alguno para operar en el ámbito de la ciudad como “agencia” u otra figura comercial a fin de registrar conductores con o sin vehículo automotor para prestar servicio público de transporte y traslado de personas a quienes lo soliciten por el medio electrónico diseñado y promocionado.
En otras palabras, Uber no cuenta con autorización del municipio para el servicio público de automóviles de alquiler con o sin reloj de taxímetro.
La contrapartida de la regulación aludida es el poder de policía que se debe ejercer para garantizar que ese “interés general” no sea dañado.
Por todo ello es que se presentó la acción mencionada -técnicamente se trata de una Medida Cautelar Autónoma o Autosatisfactiva- para que la Justicia resguarde el cumplimiento de las normas aludidas y ampare el interés general que se pone en riesgo por la conducta ilegal asumida por la firma Uber.
