Algo en Común El diario de Rosario
Consideraron que decisiones judiciales adversas al gobierno o a sus funcionarios que encuentran eventualmente su cauce de corrección en las vías recursivas pertinentes posicionan a un poder del Estado como cómplice, no contribuye a un dialogo productivo ni respeta los límites de las funciones y constituyen un agravio que socava los pilares de la República.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial emitió un comunicado fundamento los dichos del Presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso,
En la inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea legislativa el Presidente de la Nación exhortó a mirar al 2023 como hito histórico de la recuperación democrática anhelando mejores instituciones.
Sin embargo, es menester recordar que hace ya 40 años se recuperó́ la República y la división de poderes que la Constitución consagra, lo que necesita un diálogo responsable entre los actores institucionales cuanto de la sociedad en su conjunto.
Una genuina preocupación por el serio problema de la inseguridad y del incremento del crimen organizado – que venimos denunciando desde esta Asociación desde hace tiempo y reclamando la protección pertinente – exige un trabajo serio y conjunto de los tres poderes del estado y que este Poder Judicial viene cumpliendo de manera sistemática. Desde esa perspectiva también corresponde evaluar el acierto o desacierto de las reformas propuestas cuya concreción el Presidente reclamó también al Congreso a fin de evitar que se dilapiden recursos que, siendo escasos, entendemos deben ser asignados racionalmente.
Seguramente, un punto de inicio deba ser cubrir las vacantes ya existentes tanto del Poder Judicial de la Nación cuanto de los Ministerios Públicos con urgencia especial en aquellas jurisdicciones donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizan más daño y se tornan más violentas, – cuestión esta que también viene reclamando la asociación desde hace tiempo – como también el revisar las causas por las que esas conductas continúan desarrollándose aun con sus autores encarcelados, desde las unidades del Servicio Penitenciario. Los problemas complejos no admiten respuestas simples ni tampoco demoras.
La implementación del Código Procesal Penal Federal requiere también de una inversión de fondos más que, de una expresión de voluntad, como de una evaluación realista de sus alcances y fines en el que el lugar institucional de los Ministerios Públicos sea el correcto. Ofensas y agravios al Poder Judicial y a su cabeza la Corte Suprema, serán persistentemente rechazados por esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Como dijo el presidente en el año 2019 y mantuvo ayer, un compromiso con los tres poderes del estado con el debido respeto que la Constitución Nacional a cada uno ha asignado.
