Exigía a sus víctimas bajo amenazas de muerte la entrega de 200 mil dólares.
El Juez de Primera Instancia, Hernán Postma tuvo por formalizada la audiencia imputativa y resolvió este viernes la prisión preventiva por el plazo de ley para Luciano Cantero quien se encuentra detenido con prisión preventiva por tenencia de armas e instigación del crimen de Damián Gómez, ocurrido el 21 de julio del año pasado en Anchorena y Balcarce, donde la víctima antes de morir nombró al imputado.
Por su parte, a pareja Erica Bullón, le revocaron la prisión preventiva domiciliaria, dictándole el Juez, la prisión preventiva efectiva.
La imputación a Lucho Cantero y Erica Bullón esta relacionado por hechos de extorsión y amenazas a sus víctimas mediante intimidaciones por redes sociales y hechos de balaceras.
En el Centro de Justicia Penal, se llevó adelante la audiencia imputativa a la pareja por los delitos de Extorsión en grado de tentativa en concurso ideal con amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, el primero en calidad de coautores, y el restante en carácter de instigadores.
El Fiscal Dr. Franco Carbone les atribuye mediante múltiples y diversos actos intimidatorios y violentos, haber obligado a sus víctimas bajo amenazas de muerte, a que le entreguen la suma de 200.000 dólares, no logrando el fin propuesto ante la negativa de las mismas.
Las intimidaciones fueron realizadas por ambos imputados utilizando diversos medios de contacto, a través de redes sociales, llamados telefónicos donde la mujer con su teléfono realizaba derivación de llamadas telefónicas de Cantero, detenido en el Complejo Penitenciario de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, ordenando balaceras contra el domicilio de la víctima con una nota escrita de puño y letra de del imputado exhibida personalmente por su pareja a las víctimas. Todo ello desde el mes de febrero hasta el 22 de marzo de 2022, fecha en que las víctimas realizaron la denuncia en dependencias de la Agencia de Investigación Criminal.
El martes pasado (22 de marzo) comenzó la investigación con la denuncia de dos víctimas que estaban siendo amenazados por los imputados, y luego efectivos de la Agencia de investigación Criminal AIC allanaron una vivienda de calle España al 5700, logrando detener a Erica Bullón quien recibía ordenes de Lucho Cantero desde el Penal de Piñero.
El Fiscal Carbone señaló, estas amenazas consistían en la entrega de un vehículo que fue secuestrado en el marco de un allanamiento en otra investigación, por la que los imputados están en prisión preventiva, y a partir de allí le exigían, que ellos recuperen esa camioneta que se encontraba secuestrada. Ante la negativa de las víctimas comenzaron las exigencias más fuertes, que luego se concretaron en diversos y múltiples actos intimidatorios.
El magistrado indicó, que hay múltiples audios grabados en este sentido que la fiscalía pudo colectar y forman parte del cuerpo de la evidencia.
Agregó, contamos con capturas de pantallas con las amenazas concretas tanto sea del imputado como de la imputada.
Con respecto a los hechos, el Fiscal remarcó que el aumento en la violencia de la intimidación recibida por las víctimas, sucedió el 18 de marzo y 21 de marzo, hay registradas dos balaceras con las cuales la fiscalía cuenta con las actuaciones y hay registro de video filmación de las mismas, en el domicilio de uno de los imputados.
Añadió, en una oportunidad al menos efectuaron cuatro disparos, en la otra al menos 11 disparos de arma de fuego. Resaltó Carbone que las dos armas utilizadas fueron pistolas calibre 9 milímetros y que están en materia de investigación el cotejo de dichas vainas a los efectos de continuar con las pesquisas y las medidas Investigativas.
Destacó, el punto importante de esta investigación, es que tanto víctimas como imputados tenían una relación comercial previa por lo cual, ellos se conocían previamente y habían efectuado varias operaciones respecto a compra y venta de vehículos, y a partir de allí, surge esta exigencia indebida por parte de Cantero y Bullón a las víctimas.
Por último, la calificación legal escogida por la fiscalía provisoriamente receptada por el juez de la causa, fue la de tentativa de extorsión en concurso ideal con amenazas coactivas calificadas. Indicó Carbone.