Algo en Común El diario de Rosario
La CTA Autónoma de la Provincia de Santa Fe expresa su enérgico repudio ante la nueva decisión de la Cámara de Casación Penal, que por segunda vez le concede arresto domiciliario al ex juez Víctor Brusa, quien suma cuatro condenas por crímenes de lesa humanidad.
Resulta inadmisible que por segunda vez en cuatro años esta instancia judicial resuelva en tan cuestionable dirección, otorgando privilegios y tratando de asegurar impunidad a un torturador del calibre de Brusa. La vez anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida.
Desde entonces, Brusa sumó su cuarta condena. El 8 de abril pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a ocho años de prisión por “apremios ilegales” a tres militantes peronistas. En 2009, Brusa fue condenado a 21 años de prisión por “apremios ilegales” a ocho militantes.
En 2014, a siete años por “asociación ilícita” y en 2017, a tres años por “apremios ilegales” a otro de sus perseguidos. Hasta ahí, la pena se había unificado en 23 años. Más la última de ocho, que no se unificó a las anteriores, serían 39 años de prisión. El mismo 8 de abril, el Tribunal revocó la domiciliaria de Brusa (que los jueces de Casación le habían otorgaron en 2018) y ordenó su “traslado y alojamiento definitivo” en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
Ahora, nuevamente la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, en una resolución que lleva la firma de Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Carlos Mahiques, se burla de las víctimas y sus familiares otorgando la prisión domiciliaria a Brusa simplemente porque tiene más de 70 años.
Ratificamos que quienes son condenados por delitos de lesa humanidad deben cumplir sus condenas de forma efectiva y en cárceles comunes. Es la única forma de garantizar la memoria, la verdad y la justicia por la que venimos luchando desde hace décadas y la protección de la democracia para todo el pueblo argentino.
