Algo en Común El diario de Rosario
La Dirección General de Aduanas descubrió recientemente que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.
Desde las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario celebraron la actuación del organismo que dirige Guillermo Michel y de paso un palazo a la justicia “Felicitamos a las autoridades de la aduana por echar luz , en los manejos del poder judicial que avanza con sus fallos , no solo en el escenario político , si no también en las políticas de estado y su administración”
Por lo pronto la causa está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal número 8, secretaria 15. Aduana también planea hacer una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal y se habla de una multa de, al menos, USD 200.000, que es lo que prevé el código aduanero.
El tema tomó revuelo cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó – este lunes pasado – el “funcionamiento judicial y empresario” que facilitó la concreción de la maniobra de importación a otra firma.
“¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía”, expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
En tanto, el presidente Alberto Fernández también se metió en el tema y sostuvo que la justicia está “deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática” e insistió en la necesidad de “reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales”.
En ese marco, desde la 62 agregaron: “Es indispensable una reforma judicial para recuperar una justicia como poder de la democracia y no empleada de los intereses económicos y políticos”.
