Algo en Común El diario de Rosario
La Comisión de Seguridad del Concejo escuchó a un representante de la firma Rappi, ante proyecto para brindar mayor seguridad a repartidores.
Este lunes 26 se reunió en el Anexo “Alfredo Palacios” la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, presidida por su titular, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario.
Los concejales escucharon a través del sistema Zoom al director de relaciones gubernamentales para el Mercosur de la empresa Rappi, Gabriel Buenos, a partir de la iniciativa del concejal Cavatorta de crear el Programa “Motos Seguras” y un Registro de Repartidores.
Buenos explicó en el primer tramo de su intervención que la firma Rappi surge en Colombia en el 2015 y hoy tiene actividades en 9 países de América, entre ellos México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil y la Argentina, con la participación de 180.000 comercios y 300.000 repartidores.
Indicó que cuando se llama a un repartidor de Rappi “se está comprando en un comercio rosarino”.
Mencionó que “los repartidores son libres de elegir, día, hora, de trabajo y de aceptar o rechazar un pedido”.
Consignó que “en promedio están 3 meses en la aplicación” y precisó que “tienen un seguro de accidentes personales cuyo costo lo asume Rappi”.
Ante una pregunta del concejal Cavatorta específicamente sobre Rosario, dijo que utilizan la aplicación en la ciudad “unos 450 comercios y hay cerca de 500 repartidores” para precisar que se considera tal al “que haya usado al menos una vez en el mes” a la app.
Sobre el seguro reiteró que “es de accidentes personales y está cubierto en Swiss Medical”.
En cuanto al tema seguridad consignó que se evaluó la instalación de un botón de pánico, pero que por el momento esa iniciativa quedó en suspenso por problemas técnicos.
Consultó la concejala Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, “cuál fue la traba que demoró el desarrollo del proyecto”.
Buenos dijo que fue una cuestión vinculada al uso de la línea para su implementación.
Al preguntar la edila Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura, acerca de si hay alternativas de utilización de este tipo de elemento de seguridad, dijo el representante de Rappi que se lo está usando en Chile y en la ciudad de Barranquilla, en Colombia.
La concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, hizo referencia a la posibilidad de establecer un código QR sobre la caja y la ropa, dado que no solamente roban las motiocicletas que utilizan los repartidores.
Acerca de la identificación de quienes trabajan en la aplicación indicó Buenos que en las comunas de Providencia y Las Condes, en Santiago de Chile, se trabaja en la realización de un protocolo de identificación.
Tras la intervención del ejecutivo de Rappi, la concejala Gigliani, dijo que “no me parece menor” garantizar que ese equipamiento “quede para el Estado, si lo hace el Estado” y sí según el funcionario de la empresa “el promedio es de 3 meses” en la tarea.
El edil Cavatorta estimó que según datos recabados por él, “son 7 ú 8 meses como mínimo”.
Se acordó trabajar en la redacción de la iniciativa, y contemplar aspectos vinculados al financiamiento. El proyecto deberá, tras la comisión de Seguridad, ser analizado en Presupuesto.
Sobre videocámaras
En otro orden recibió despacho de la concejala Valeria Schvartz, a quien acompañaron su par de bancada de Volver a Rosario, Miguel Ángel Tessandori y Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, un proyecto que encomienda al Departamento Ejecutivo que “establezca los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento de videoseguridad para la identificación de personas mediante la captación de imágenes”.
Asimismo se solicita se realice un relevamiento de las especificaciones técnicas de las videocámaras instaladas en el ámbito de la ciudad.
Acordaron en tanto que el martes 4 de octubre, se reunirán con la Vecinal Esteban Maradona, de barrio Luis Agote.
