Conflicto en puertos del Cordón Industrial: Estibadores reciben apoyo legislativo y de otros gremios

Se recrudece el Conflicto en Puertos del cordón Industrial entre el gremio Supa y las Firmas Milisenda y Sap por las acusaciones gremiales de que ambas firmas incumplen pago de aportes a trabajadores y deudas de cuota sindical.

El gremio de trabajadores estibadores del cordón industrial con asiento en la localidad de Puerto General San Martín (Supa), sigue en estado de asamblea debido a incumplimientos de empresas del sector con falta de pagos a trabajadores y cuota sindical. Asimismo, la puja se sigue dirimiendo en la esfera judicial y además el gremio promete intensificar medidas.
Las empresas denunciadas son Milisenda Servicios Portuarios SA y Servicios y Asesoramiento Portuario SRL. (SAP).
“Queremos seguir con el diálogo pero mediante fallo en tiempo récord de un juez a las firmas que denunciamos, las demás terminales portuarias se han puesto a favor y se continúa con el litigio”, apuntó Aníbal Cabrera, Secretario General del Supa.

En ese sentido, el viernes la sala B de la Cámara de Apelaciones, y en tiempo récord (unas 24 horas) a instancias del juez Guillermo Toledo, aceptó la sustitución de la cautelar y por ende volvió a habilitar a Milisenda y Sap en el Cedecom.

Ahora bien, la disputa en el principal polo de exportación de soja del país y que lleva varias semanas derivó en asambleas de trabajadores desde el viernes pasado y según pasan los días, se acrecienta sumando en el ruedo la intervención de la justicia .El gremio advierte con bloqueos de actividades en los muelles.

El nudo de la disputa obedece a la prestación del servicio de estiba que durante décadas recayó en la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín y con tarifas dolarizadas. Durante el gobierno de Mauricio Macri y por pedido de las terminales portuarias de bajar las tarifas que pagaban dos empresas privadas (Milisenda y SAP) lograron hacer pie en el negocio de prestar ese servicio.

En contexto, fue con la caída en desgracia de Hermes Juárez, (ex secretario general del Supa y presidente de la cooperativa portuaria las terminales lograron que las tarifas del servicio se vuelvan a pesificar. Fue a mediados de 2019.

Ya en el presente, y con dicha cooperativa normalizada y con nueva gestión que empezaron los cruces.
Por otra parte, la situación ya es parte de la agenda legislativa de la provincia y el diputado Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FSyP) promueve una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo provincial informe qué medidas ha tomado el Ministerio de Trabajo en relación a la deuda que tienen las empresas Milisenda Servicios Portuarios SA y Servicios y Asesoramiento Portuario SRL con los trabajadores afiliados al gremio Supa de Puerto General San Martín.

Los representantes sindicales informaron que «entre las graves prácticas antisindicales denunciadas por los estibadores, se encuentra la imposibilidad de acceder al beneficio jubilatorio por falta de pago de aportes diferenciales conforme el régimen aplicable y el deliberado desfinanciamiento por falta de pago de deudas para con el sindicato», señaló Del Frade y pidió que a partir de esta situación “es preciso saber y conocer” cuáles fueron las medidas implementadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe en relación a estas denuncias.

En tanto desde la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) – seccional Rosario) apoyan la lucha gremial del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín (SUPA), que viene llevando adelante contra empresas del sector que mantienen irregularidades con sus trabajadores.

“Apoyamos a los compañeros portuarios y nos sumamos al estado de alerta ante la inescrupulosa actitud empresarial de menospreciar los derechos laborales de los compañeros portuarios”, señaló la CATT Rosario.

“Estamos junto a los trabajadores y rechazamos toda actitud antisindical por parte de estas empresas portuarias”, indicaron Edgardo Arrieta que comanda la CATT local junto al secretario de prensa de la entidad gremial Marcelo Pipi Andrada y toda la comisión directiva.