Algo en Común El diario de Rosario
| El 13 de diciembre el Consejo Superior (CS) aprobó el presupuesto de la UNR para el año 2023. Éste representa la forma en que se distribuirá la partida asignada por el Congreso Nacional a nuestra casa de estudios y expresa, en buena parte, la orientación y las prioridades políticas de la conducción de la Universidad. Precedida por los recortes en el gasto implementados durante 2022 por el Gobierno Nacional, la partida presupuestaria que el Congreso Nacional aprobó destinar a la educación en general, y a la educación universitaria en particular, es claramente insuficiente. Asimismo, esta partida sostiene la política de rebaja salarial que sufrimos los docentes desde hace al menos 7 años. Dicho esto, la distribución presupuestaria aprobada por el Consejo Superior de la UNR merece algunas consideraciones críticas en particular: ▶️ ️ En el ítem correspondiente a salarios, que representa casi el 92% del presupuesto, no se desagrega el gasto por dependencia (facultades, escuelas, rectorado, institutos, etc). El Rector se comprometió a enviar esta información detallada. ▶️ ️ Como señalamos desde hace tiempo, es necesario democratizar y abrir a toda la comunidad universitaria la discusión sobre cómo distribuir los fondos. Atender a las diferentes necesidades y definir el presupuesto para las políticas académicas, de investigación, de infraestructura, de bienestar estudiantil, de extensión, entre otras, necesita de un debate participativo y profundo, que no puede resolverse satisfactoriamente de manera rápida únicamente por los miembros del Consejo Superior. Que los montos que destina el gobierno nacional hayan sido conocidos hace pocos días no es obstáculo para que se discutan previamente las prioridades y criterios de asignación. ▶️ ️ Es necesario contar con la información de los fondos provenientes del propio producido y convenios de la Universidad, que ingresan a través de asociaciones y fundaciones, y discutir abiertamente su destino. Por un lado, creemos imprescindible terminar con una forma de financiamiento que tiende a la mercantilización de la educación pública y que oficia de excusa para el ajuste en el presupuesto nacional. Por otro, el propio Rector se manifestó en favor de que estos fondos sean administrados por los órganos de co-gobierno de la Universidad. No obstante, hasta tanto esto ocurra, la comunidad universitaria tiene el derecho de conocer los balances de estos organismos y ser parte de la discusión de cómo se administran sus recursos. ▶️ ️ A partir de una rápida lectura se puede observar que el presupuesto de la UNR jerarquiza las áreas de género y derechos humanos, da continuidad al presupuesto participativo, amplía la política de residencias estudiantiles e incorpora temas importantes como el acompañamiento en salud mental. Sin embargo, pensando en los ejes de nuestro trabajo, docencia, investigación y extensión, a priori parece haber un desbalance entre lo que se destina a Ciencia y Tecnología (105 millones, más otros 18 millones en el área de internacionalización), contra sólo 49 millones para el área Académica y 30 millones para Extensión (que incluye salarios precarios para los docentes de los Programas de Adultos Mayores o Escuela de Oficios). A días de aprobarse las ordenanzas que regulan los llamados a concurso y la evaluación de carrera docente de los docentes de escuelas medias, en el caso específico del área Académica se preveen sólo 4 millones para concursos. Con recursos escasos, se dificulta avanzar con la estabilidad laboral que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. |
La perspectiva de una universidad crítica, democrática, feminista, latinoamericanista y transformadora conlleva una lucha por mayor presupuesto nacional que jerarquice el rol de la educación en el desarrollo de un país justo, libre y soberano.
Asimismo, requiere de una apertura del debate en el ámbito de nuestra universidad que permita una elaboración y apropiación colectiva de las prioridades y los criterios de distribución de recursos asumiendo como punto de partida la garantía de los derechos de sus trabajadores docentes y nodocentes así como la inclusión de los estudiantes que son quienes le dan vida a la institución universitaria.
