Algo en Común El diario de Rosario
El diputado provincial Carlos del Frade y el abogado penalista Guillermo Campana presentaron un pedido de acceso a la información ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Buscan conocer qué delitos se investigaban, quiénes eran los denunciados y por qué los expedientes no avanzaron. Advierten que entre las causas podrían existir investigaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
La aparición de unas 8 mil causas que habrían quedado sin investigación en la Justicia Federal abrió una fuerte discusión política y judicial en Santa Fe. El diputado provincial Carlos del Frade y el abogado penalista Guillermo Campana presentaron este viernes un pedido de acceso a la información ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para conocer el contenido de esos expedientes y determinar por qué permanecieron paralizados.
El planteo fue realizado en la sede del tribunal, ubicada en Entre Ríos 435, donde ambos fueron recibidos por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Aníbal Pineda. Tras el encuentro, Del Frade sostuvo que la documentación solicitada tiene “indiscutible interés público”, mientras que Campana confirmó que “ya nos han entregado algún material documental”.
La presentación surgió a partir de información periodística que daba cuenta de la existencia de aproximadamente 8 mil expedientes rechazados por el Ministerio Público Fiscal durante el proceso de cambio del sistema de Justicia Federal. Según explicó Campana, al recibir esa cantidad de causas se habría advertido que muchas de ellas permanecían sin investigación, situación que generó preocupación dentro del Ministerio Público Fiscal.
“Surgió la información periodística que había 8 mil causas rechazadas por el Ministerio Público Fiscal en el cambio de sistema que se está dando en la Justicia Federal”, explicó Campana. Según detalló, al recibirse los expedientes “notaron que estas causas estaban sin investigación”, lo que puso en evidencia la necesidad de determinar qué ocurrió con esas actuaciones.
El abogado penalista señaló que uno de los objetivos principales del pedido es establecer si existen nombres que se repiten entre las causas, si hubo denuncias contra determinadas personas sobre las cuales no se avanzó y, especialmente, qué delitos estaban involucrados.
“De las causas nos interesa saber si se repiten algunos nombres, si las denuncias son contra determinadas personas contra quienes no se ha avanzado en investigaciones y, sobre todo, qué tipo de delito”, manifestó Campana.
La preocupación adquiere una dimensión particular porque se trata de expedientes de competencia federal. Entre las hipótesis que buscan determinar a partir del análisis documental aparecen posibles investigaciones vinculadas con narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.
“Cuando hablamos de Justicia Federal son delitos de gravedad como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos”, remarcó Campana, quien consideró fundamental conocer “los motivos por los cuales tantas investigaciones no se han movilizado hasta hoy”.
El diputado provincial Carlos del Frade elevó el tono político del reclamo y puso el foco en la eventual existencia de responsabilidades o complicidades dentro del Poder Judicial que pudieran haber impedido el avance de determinadas investigaciones.
“Lo fundamental para nosotros es saber cuáles son las que tuvieron complicidad del Poder Judicial para no investigar”, afirmó Del Frade.
Como antecedente, el legislador recordó lo ocurrido durante el juicio contra Esteban Alvarado y cuestionó la actuación que, según su interpretación de lo expuesto durante ese proceso, tuvo el entonces juez federal Marcelo Bailaque frente a los pedidos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para investigar al empresario.
Del Frade sostuvo que durante el juicio quedó expuesto que la Policía de Seguridad Aeroportuaria había solicitado durante cuatro años que se investigara a Alvarado, sin que esos pedidos prosperaran. Para el legislador, el episodio constituye un ejemplo de las consecuencias que puede generar la falta de avance de investigaciones sobre estructuras criminales.
“Cuando estuvimos presentes en el juicio de Alvarado quedó demostrado cuando vino la Policía de Seguridad Aeroportuaria que había pedido cuatro años seguidos que lo investigue el juez Bailaque a Alvarado y Bailaque se negó siempre a investigar”, sostuvo.
A partir de ese antecedente, Del Frade planteó la necesidad de revisar las 8 mil causas para determinar si existen situaciones similares y establecer si la falta de investigación pudo haber favorecido el crecimiento de organizaciones criminales.
“Queremos saber cuántas de estas causas que están cajoneadas tienen que ver con mirar para otro lado cuando crecían estas bandas narcopoliciales”, afirmó el diputado del Frente Amplio por la Soberanía.
El legislador ubicó el período de especial interés entre 2012 y 2024, años que considera centrales para analizar el crecimiento de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y el aumento de la violencia criminal en Rosario y otras localidades del sur de Santa Fe.
El pedido de información ante la Justicia Federal podría derivar además en una investigación política dentro de la Legislatura de Santa Fe. Del Frade anticipó que impulsará la creación de una comisión investigadora para analizar la documentación que surja de los expedientes.
“Nosotros le pedimos al Gobierno provincial que se haga una comisión investigadora, como alguna vez hicimos con la Comisión Investigadora de Vicentin”, adelantó el diputado.
La intención será revisar aquellas causas que no avanzaron, identificar eventuales patrones y determinar si de los expedientes surgen elementos relacionados con redes de negocios ilegales, estructuras criminales o posibles responsabilidades institucionales.
“Seguramente haya cuestiones de fondo sobre negocios ilegales que se tragaron la vida de muchísima gente, especialmente en el sur de la provincia de Santa Fe”, sostuvo
